Plena Inclusión, miembro de Somos Pacientes, ha emitido un comunicado para celebrar la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con la que anima a sus Estados miembros a ‘promover e incorporar la comunicación fácil de entender para la accesibilidad de las personas con discapacidad’.

La decisión, destaca Carmen Laucirica, su presidenta, “supone un espaldarazo a las reivindicaciones que durante los últimos años venimos haciendo junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con las que reclamamos la necesidad de legislar, desarrollar y aplicar medidas efectivas de accesibilidad cognitiva que garanticen la comprensión de la información, reduzcan la brecha digital y ofrezcan mayores oportunidades de participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la vida política y pública de nuestro país”.

Acabar con las barreras

En su resolución, Naciones Unidas recuerda que, contrariamente a como se establece en su Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún existen barreras en el ámbito de la información, tecnologías y sistemas de comunicaciones que “pueden impedir la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”, habiendo una “urgente necesidad de cerrar las brechas digitales y de garantizar que los beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones estén disponibles para todos”.

Ante esta realidad, la Organización incide en la necesidad de identificar y eliminar los prejuicios, la discriminación, los obstáculos y las barreras que limitan el acceso de las personas con discapacidad a la información y las comunicaciones, pues “la accesibilidad insuficiente o la falta de comunicación afecta al ejercicio de los derechos humanos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad”.

Más concretamente, insta a sus Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad “puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, incluida la vida pública, política, económica, cultural, social y familiar”, así como “ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas”.

Es más; la resolución también reconoce que las personas con discapacidad intelectual “deben tener un papel de liderazgo en el desarrollo e implementación de políticas, servicios y productos para una comunicación fácil de entender”, y que sus entidades de referencia “han de ser consultadas estrechamente y participar activamente en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles”.

Mucho por hacer

En nuestro país, la Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, impulsada por Plena Inclusión, ha logrado importantes pasos en el desarrollo de políticas que aseguren que la información y los servicios públicos sean más fáciles de entender. Además, el Congreso aprobó en diciembre de 2021 la reforma de la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad, que reconoció por primera vez la accesibilidad cognitiva; y el pasado 2022, el Gobierno creó el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y apoyado por Plena Inclusión.

Sin embargo, concluye la Confederación, “estas medidas aún deben tener un importante desarrollo para asegurar la plena participación de las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral en la vida política y pública, tal y como ordena el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad”.

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