El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, considera inaplazable, y así lo ha exigido a las fuerzas políticas, la reforma urgente de la legislación educativa para implantar un sistema educativo verdaderamente inclusivo, con apoyos efectivos y en el que no exista discriminación ni segregación por razones asociadas a discapacidad.

Como explica el CERMI, “esta reforma se hace más necesaria y apremiante que nunca tras el informe hecho público la pasada semana por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano de vigilancia del cumplimiento por parte de los Estados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que ‘condena’ a España por vulneración del artículo 24 de este tratado internacional, consagrado a garantizar el derecho a la educación inclusiva”.

Discriminatoria, que no inclusiva

El Comité de la ONU, tras examinar in situ el caso de España mediante una investigación confidencial en 2017, concluye que nuestro país viola la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar ni en su legislación, ni en sus políticas, ni en sus prácticas educativas, el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales.

De hecho, y según se recoge en el Informe, la situación de España es de tal gravedad que “la segregación y exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Así, como indica el CERMI, “esta ‘condena’ internacional, emitida por el máximo órgano internacional de seguimiento del complimiento de la Convención, debe llevar al Estado español a reaccionar con inmediatez y adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas a los mandatos de la Convención, sin más dilaciones ni excusas, como viene reclamando el movimiento social de la discapacidad desde 2006, año en el que se adoptó la Convención Internacional en el seno de Naciones Unidas”.

Para descargar el informe elaborado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, clica aquí.

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