Las entidades de Plena Inclusión, miembro de Somos Pacientes, han sufrido en los últimos 12 meses un incremento del 9% en sus costes, lo que dificulta en gran medida, cuando no directamente compromete, su ayuda y apoyo a las cerca de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que conviven en España. Así lo muestran los resultados del estudio llevado a cabo por la Confederación con la participación de 27 de sus entidades de 11 comunidades autónomas.

El estudio ha analizado los gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal registrados por distintas asociaciones de tamaño grande –más de 200 trabajadores–, mediano –entre 200 y 50– y pequeño –menos de 50 empleados– entre los meses de marzo de 2021 y 2022. Y de acuerdo con sus resultados, y entre otras partidas, el incremento se sitúa en un 72% en el caso de la electricidad; en el 40% en el transporte (carburantes); en el 32% en el gas; en el 12% en la alimentación, y en el 8% en los alquileres.

Así, destaca Plena Inclusión, el aumento de los costes se debe a la subida de precios, pero también al incremento de la actividad debido a un repunte de la demanda tras la relajación de las medidas de aislamiento que siguieron al confinamiento por la pandemia.

Situación insostenible

Para Santiago López, presidente de Plena Inclusión, “las administraciones públicas no pueden permitir que entidades que dan un apoyo fundamental a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad terminen desapareciendo porque no alcanzan a sufragar unos sobrecostes cada vez más altos”.

El movimiento asociativo de la Confederación, formado por 950 entidades distribuidas por toda la geografía española, sostiene a más de 4.000 centros y servicios: centros de día, pisos tutelados, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo (CEE), etc. En conjunto, con una plantilla de más de 46.000 personas, presta apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, garantizando su acceso a derechos fundamentales como los de educación, empleo, vivienda, salud y ocio, entre otros.

En consecuencia, y antes la magnitud de las cifras reveladas por el estudio, Plena Inclusión ha creado un Observatorio Permanente de Seguimiento sobre la Sostenibilidad Económica de sus entidades. Y ha remitido una carta a Ione Belarra, titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reclamando que se refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se apoya presupuestariamente a las comunidades autónomas para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios.

En la misiva también se solicita a las administraciones competentes que aseguren la financiación de los CEE, la mayor herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

– A día de hoy, 98 asociaciones dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?