Enrique Galvan, director de FEAPS, entrega el documento en el registro del Defensor del Pueblo

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) ha solicitado al Defensor del Pueblo su amparo e intervención ante la «alarmante situación» de parte de sus plantillas profesionales en diferentes comunidades autónomas.  Como se  explica en el documento entregado al Defensor, los recortes y retrasos en las nóminas –que en algunos casos alcanzan varios meses– afectan ya a un mínimo de 3.500 trabajadores.

Como puntualiza  Juan Cid, presidente de FEAPS, en la carta, «la actual situación económica está haciendo mella en la acción social de nuestro país, y las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las familias representadas por nuestra organización no son una excepción».

Y es que «la mayoría de las 884 entidades miembro FEAPS se han visto afectadas por los importantes recortes económicos realizados por las administraciones públicas; a ello se suma, además, que las Administraciones Autonómicas en muchos casos tampoco pagan el dinero que adeudan a las asociaciones, lo cual agrava más aún la situación y las entidades deben recurrir a líneas de crédito que posteriormente deben satisfacer pagando un elevado interés«, incide Juan Cid.

La situación puede empeorar

Para afrontar esta situación, las entidades de FEAPS «han puesto gran empeño en que la grave situación no repercuta en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, incluso incrementando el esfuerzo personal que sus plantillas profesionales, sus dirigentes y las personas voluntarias que colaboran con las mismas realizan día a día», recoge el documento.

Sin embargo, y pese a este esfuerzo, FEAPS calcula que existe un mínimo de 3.500 profesionales afectados. «Y si no se interviene pronto –asegura Juan Cid– está situación pronto se agravará«.

Derecho constitucional

El presidente de FEAPS invoca en su escrito al artículo 49 del título I de la Constitución Española, que afirma que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

A este respecto, FEAPS considera que sin la labor de sus profesionales resulta imposible «garantizar los apoyos y servicios que necesitan las personas con discapacidad intelectual y sus familias, sin los cuales se ve gravemente vulnerado su derecho a participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto, y con ello retrocedemos en todo lo conseguido hasta ahora para lograr la plena igualdad de todos los ciudadanos». De acuerdo al mandado del citado artículo 49, «las organizaciones como FEAPS cumplimos una función social que nos ha trasladado el propio Estado y que supone una obligación para el mismo».

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