La Federación de la Diabéticos Españoles (FEDE), miembro de Somos Pacientes, ha remitido una carta a Ana Mato, titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para expresar «su total disconformidad y consternación» tras conocer que el criterio económico ha sido «el único que se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el pliego de prescripciones técnicas relativo a las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre con autoanalizador».

Como recuerda FEDE, las tiras reactivas son «un producto sanitario básico para que más de tres millones y medio de personas con diabetes en España puedan contar con un óptimo control de su patología y evitar problemas de salud derivados de una mala gestión de su enfermedad».

Perjuicio social y económico

El resultado de esta decisión, como señala en la carta Ángel Cabrera, presidente de FEDE, «producirá un perjuicio mucho más profundo, a más colectivos y no sólo a nivel humano, sino también económico». De hecho, y entre otras consecuencias, la no modificación del pliego de condiciones conllevará «una reducción de la disponibilidad de productos en el mercado para los pacientes; una inobservancia absoluta y constante de las necesidades individuales de las personas con diabetes; la falta de libertad de elección del profesional médico; límites de acceso de entrada de innovación; y trabas a la renovación de tecnologías obsoletas, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes».

A ellas se aunaría, denuncia Cabrera, «un mayor riesgo de entrada en el mercado nacional de compañías con insuficientes garantías de calidad de productos y escasa capacidad de suministro».

Rectificar el acuerdo

Ante esta situación, FEDE ha querido recordar a Sanidad que «los pacientes deben seguir teniendo el mismo acceso que el que tienen a día hoy, en cuanto a tecnologías para la medición de la glucosa capilar, pero que no tiene por qué ser incompatible con obtener una mejora de los precios, aunque, en ningún caso, se puede permitir que se ponga en riesgo ni la salud ni el acceso a los productos existentes».

Asimismo, FEDE también reclama a Sanidad la adopción de las medidas oportunas dirigidas a paralizar este acuerdo, así como que «se empiece a trabajar en otro donde todas las partes implicadas puedan participar activamente y no verse ninguna de ellas perjudicadas».

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