La Federación de la Diabéticos Españoles (FEDE), miembro de Somos Pacientes, ha reiterado su «total disconformidad» con el criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la adquisición de tiras reactivas para el control de la diabetes, alertando de que esta medida «perjudicará gravemente la calidad de vida de los pacientes dado que reducirá el número de medidores de glucemia disponibles en el mercado».

Como denuncia FEDE, la puesta en marcha de un nuevo sistema de adquisición centralizada de compra de tiras reactivas de glucemia, adoptado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para ser utilizadas por los pacientes con diabetes junto con los medidores para el autocontrol de su diabetes, establece «el precio como criterio único de adjudicación y reduce de forma drástica los productos actualmente disponibles en el mercado para el control de la diabetes».

El resultado, como lamenta Ángel Cabrera, presidente de FEDE, «es una situación de disponibilidad de producto prácticamente monopolística; por tanto, se trata de una medida absolutamente inapropiada que tiene en cuenta únicamente el criterio económico».

Vulneración de la innovación

Entre otras consecuencias para los más de cinco millones de pacientes con diabetes de nuestro país, el nuevo criterio adoptado por Sanidad conllevará, informa FEDE, «una limitación en el acceso actual a los sistemas de medición de glucemia más apropiados en cada caso; un deterioro de la adherencia a los tratamientos; y un perjuicio en la eficiencia del autoanálisis y de la propia terapia».

No en vano, recuerda la FEDE, «planteará un escenario de cambio de glucómetro cada dos años sin tener en cuenta que la diabetes es una patología crónica”. Y además, “tampoco tendrá en cuenta la inversión de tiempo necesario de los equipos de salud para reentrenar periódicamente a los pacientes en el uso de un nuevo dispositivo».

Por todo ello, concluye Ángel Cabrera, la medida «va a vulnerar la innovación tecnológica como fuente adicional de valor añadido para la optimización del tratamiento, limitando el acceso futuro a la misma que, hasta la fecha, ha estado disponible en España sin que representase un incremento de costes para el Sistema Nacional de Salud (SNS); además, va a ignorar por completo las recomendaciones de los grupos de expertos en esta materia sobre la necesidad de una amplia accesibilidad de sistemas para la individualización de los tratamientos».

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