A instancias del CERMI, pero no solicitará su inconstitucionalidad ante el Constitucional
La Defensora del Pueblo pide al Gobierno que la LOMCE sea inclusiva
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, ha recomendado al Gobierno que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) preste una especial atención a los principios de normalización e inclusión y de no discriminación e igualdad de las personas con discapacidad, tal y como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
La recomendación surge en respuesta a la petición de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, contra la LOMCE, recurso que, cuando menos por el momento, ha sido desestimado por la Defensora del Pueblo.
Centros ordinarios como norma
La Defensora del Pueblo considera necesario formular esta recomendación para que se garantice normativa y presupuestariamente la educación inclusiva del alumnado con discapacidad en el desarrollo y la aplicación de la ley.
Como recuerda Becerril, “el derecho a la educación de los niños con discapacidad se basa en los principios de inclusividad y no segregación, con una escolarización normalizada y con los apoyos educativos necesarios en centros ordinarios. Así, la escolarización en centros ordinarios debería ser la norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con discapacidad en centros de educación especial debería tener carácter excepcional”.
Medios personales y materiales
Por tanto, y a juicio de la Institución, se hace es necesario dotar a los centros ordinarios con los medios personales y materiales necesarios para la escolarización de alumnos con necesidades educativas específicas para que su escolarización sea posible en condiciones de igualdad.
Y, asimismo, “también es preciso facilitar a los padres o tutores de los alumnos una participación activa, completa y directa en las decisiones de escolarización que se adopten y establecer mecanismos ágiles y eficaces de reclamación y recurso en el caso de los padres o tutores no estén conformes con las decisiones de las administraciones educativas”, concluye la Defensora del Pueblo.
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