El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha tildado de “muy insuficientes e insatisfactorias” las propuestas anunciadas por la Comisión Europea para mejorar y ampliar los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad. Y es que en opinión del Comité, las medidas “no resolverían los graves problemas a los que, de forma habitual, se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de hacer uso del transporte aéreo en Europa”.

Concretamente, y tras varios años sin ninguna modificación de los actuales reglamentos de derechos de los pasajeros –con o sin discapacidad–, la Comisión Europea ha propuesto que los productos de apoyo de las personas con discapacidad, caso de las sillas de ruedas, tengan que ser embarcados en las aeronaves con arreglo al valor declarado por el pasajero y sin coste adicional. Así, y en caso de pérdida o deterioro, “la indemnización se tendría que resarcir por su valor real, y no como mero equipaje, como sucede ahora”, recuerda el CERMI.

En consecuencia, la nueva propuesta constituye un avance en los derechos de los viajeros aéreos con discapacidad. Pero como denuncia el Comité, “es el único promovido por la Comisión a este respecto”.

Derechos no reconocidos

Así, el resto de aspectos y situaciones contempladas en la normativa, que “suponen –recuerda el CERMI– tratos desiguales claramente discriminatorios”, permanecen inalterados. Es el caso, entre otros, de la posibilidad que tienen las compañías aéreas para denegar el embarque de personas con discapacidad, alegando motivos de seguridad; la exigencia que pueden imponer las compañías de que la persona con discapacidad viaje acompañada, asumiendo a sus expensas el gasto del acompañante; o la necesidad de que para recibir el servicio de asistencia aeroportuario se haya de solicitar con antelación.

Por todo ello, el CERMI ha anunciado que seguirá reclamando a la Unión Europea la reforma de los reglamentos de derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad, para así aproximarlo al que rige en Estados Unidos, “mucho más favorable para el colectivo de personas con discapacidad que el europeo”, lamenta el Comité.

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