Plena Inclusión, miembro de Somos Pacientes, reclama en el marco de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza la adopción de medidas urgentes tanto por la Administración General del Estado como por las autonómicas para paliar la situación de precariedad en la que conviven millares de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.

Como alerta Plena Inclusión, “el pasado año, el riesgo de pobreza o exclusión entre las personas con discapacidad fue del 33%. Es decir, una de cada tres está en riesgo de sufrir esa situación, siendo esta tasa de riesgo de pobreza o exclusión o ‘Tasa AROPE’ mayor en el caso de las mujeres con discapacidad, alcanzando el 33,9%”.

De hecho, como muestra el informe ‘Las Dianas de la Pobreza’, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN España), las personas con discapacidad continúan soportando las situaciones más graves de pobreza y exclusión de nuestro país.

Acceso preferente al IMV

La razón para este mayor riesgo se explica en parte por su elevada tasa de desempleo, de hasta un 38%, y por tanto casi tres veces superior que la de la población sin discapacidad (14,55%). Una situación a la que se suma la pesada carga económica que conlleva el apoyo a las necesidades cotidianas del colectivo. Un ‘sobrecoste familiar’ promedio de 27.000 euros anuales por familia según refleja un estudio de Plena Inclusión.

Sin embargo, el hecho de tener empleo no impide caer en la pobreza. Y es que si bien el acceso al trabajo está, cuando menos en teoría, más protegido en el caso de las personas con discapacidad, esto no impide que un 15,7% de las personas empleadas sean pobres, frente a un 14,3% para el resto de población ocupada. Además, el 27% de las personas del colectivo ocupadas afirma tener dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone una diferencia de 46 puntos respecto a las personas sin discapacidad.

Es más; de acuerdo con el informe ‘¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora’ de Plena Inclusión, las actuales prestaciones de las que benefician las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen una cobertura económica muy limitada –476 euros de media por persona–; están dispersas y su acceso es muy complejo; son desiguales entres las comunidades autónomas, y no incentivan la autonomía y el empleo.

En definitiva, y ante esta situación, Plena Inclusión reclama, entre otras medias específicas y urgentes, el desarrollo de un sistema de acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV); compatibilizar y armonizar el IMV con la del hijo a cargo en el caso de los hijos e hijas con discapacidad, aumentando además la cuantía de esta última prestación a 170 euros por hijo menor de edad, y en un 50% más para aquellos hijos con más de un 65% de discapacidad, hasta alcanzar los 570,2 euros mensuales.

– A día de hoy, 98 asociaciones dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?