La Fundación CERMI Mujeres (FCM) exige la reacción de los responsables políticos ante los «alarmantes datos» sobre violencia de género en mujeres con discapacidad revelados por la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019’, elaborada por el Ministerio de Igualdad, en la que se muestra que hasta un 20,7% de las mujeres del colectivo ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja –frente al 13,8% en el caso de las mujeres sin discapacidad.

Como denuncia la FMC, “la violencia contra las mujeres es una violencia estructural que se ceba de una manera muy particular con las mujeres con discapacidad, por lo que cada asesinato de una mujer, cada golpe, cada denuncia presentada por violencia de género es un asunto de Estado y así debe ser abordado por los poderes públicos”.

Macroencuesta específica

En este sentido, y con objeto de paliar esta situación, la FMC plantea una serie de medidas entre las que destaca la puesta en marcha de una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto no solo las mujeres y niñas con discapacidad, sino también las madres y cuidadoras de personas con discapacidad. Esta nueva encuesta permitirá valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación, teniendo en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.

Asimismo, indica la Fundación, “reclamamos el impulso de protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia. A este respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental”.

Finalmente, y entre otras medidas, la FMC reclama que se garantice la accesibilidad universal de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización; el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres del colectivo; y la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios sanitarios y sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad.

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