La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad Física (COGAMI) concluye su campaña ‘12 Llaves de la Inclusión’, iniciativa puesta en marcha en el marco de su 30 aniversario para concienciar a la población sobre los derechos básicos y fundamentales que tienen todas las personas, reclamando en su ‘llave’ de diciembre la efectividad de los derechos que les pertenecen a las personas con discapacidad.

Como denuncia Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, “la discriminación sigue presente en todos los ámbitos: laboral, educativo, social, sanitario, judicial, legislativo, etc. Si bien hemos mejorado en muchos aspectos, aún queda mucho por hacer para poder vivir en igualdad de oportunidades y no discriminación”.

Sancionar las vulneraciones

En primer lugar, para que las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos es necesario que la Administración agilice los procedimientos de valoración del grado de discapacidad, dado que su retraso impide el acceso a los recursos, muy especialmente a las personas con discapacidad orgánica, claramente perjudicadas por la existencia de un baremo de valoración que requiere una actualización inmediata.

Asimismo, el acceso a la justicia continúa siendo discriminatorio al carecer de procedimientos adaptados a las capacidades de cada persona, lo que ocasiona una situación de indefensión y obstaculización en el acceso efectivo a la justicia.

A ello se suma, como denuncia COGAMI, “que a pesar de la reciente modificación legal que reintegra el derecho de sufragio activo a todas las personas que judicialmente les había sido privado, el derecho al voto sigue teniendo obstáculos para poder ejercerlo, siendo uno de ellos la falta de accesibilidad en los locales electorales, la falta de transporte público adaptado para desplazarse hasta la mesa electoral o la reserva de espacios que permitan el secreto del voto”.

En este contexto, la Confederación y sus 55 asociaciones trabajan por el cumplimiento de la legislación, presentando asesoramiento a las personas con discapacidad y denunciando aquellas situaciones en las que estos derechos se ven vulnerados. Concretamente, el grupo en el que se detectan mayores problemas de inclusión es el constituido por las personas mayores de 45 años, resultando la situación aún más acusada en el caso las mujeres que residen en el ámbito rural, en el que la oferta de servicios es menor y existen más problemas de accesibilidad por su dispersión geográfica.

Como concluye Anxo Queiruga, “falta un compromiso firme por parte de las administraciones, de todas ellas, para que las leyes sean contundentes, para que exista un compromiso por hacer inspecciones unidas a un régimen de sanciones cuando existan infracciones. Reclamamos que se garanticen mecanismos sólidos y eficaces de vigilancia de los derechos para que no sigan produciéndose discriminaciones por razón de discapacidad”.

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