La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha emitido un comunicado para denunciar la decisión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de recortar drásticamente la financiación de las ONG estatales de Acción Social en el actual momento de crisis sociosanitaria causada por la pandemia.

Como recuerda Luciano Poyato, presidente de la PTS, “durante el Estado de Alarma, cuando los servicios sociales han estado desbordados, las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido factor clave en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social y el reconocimiento a esta labor se debería mostrar con garantías económicas y jurídicas para que puedan mantener la capacidad de respuesta demostrada. La decisión del Ministerio solo hace debilitar las respuestas y los instrumentos de las políticas sociales del Estado”.

Recorte presupuestario

Hasta ahora, el total recaudado a través del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) era gestionando en un 80% por las comunidades autónomas y en un 20% por el Estado. Por su parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado establece que la recaudación a través de la casilla con fines sociales del 0,7% del Impuesto de Sociedades se debe articular como una convocatoria supraterritorial y en su totalidad debe ir destinada a financiar proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal. 

Sin embargo, la secretaría de Estado de Derechos Sociales ha comunicado a la PTS que las entidades estatales podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF, una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros.

Como alerta Poyato, “esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan. Es más; esta disminución sustancial de los fondos sociales de este año se repetiría en los siguientes, y terminará desapareciendo cualquier participación del Estado y de las organizaciones de acción social a nivel estatal en el 0,7% del IRPF”.

Por su parte, y por lo que respecta al 0,7% del Impuesto de Sociedades, la secretaría de Estado ha informado a la Plataforma de que la distribución de los recursos se verá también modificada y que las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación en cerca de un 23%, destinándose esta cuantía a proyectos de cooperación y medioambientales. Todo ello a pesar de que, como establece la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades debe destinarse ‘exclusivamente’ a proyectos presentados por entidades estatales del Tercer Sector de Acción Social.

En este contexto, como indica Luciano Poyato, “defendemos la recuperación de medios económicos para las organizaciones de cooperación y medio ambiente, injustamente recortada en los últimos años, pero con cargo a otros mecanismos de financiación”.

Nula aportación ministerial

Las entidades sociales vienen atendiendo cada año a más de 6 millones de personas en una situación de financiación pública muy precaria, por lo que estos últimos recortes impedirán que el Tercer Sector pueda contribuir como hasta ahora en la atención social de los grupos más vulnerables.

Como indica Luciano Poyato, “si no existe compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo no podremos defender los derechos de las personas que más lo necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país. Esta política unilateral de recortes sociales sobre fondos ya consolidados en plena pandemia contrasta con la nula aportación por el Ministerio de Derechos Sociales de nuevos recursos financieros para atender las nuevas necesidades exacerbadas por la crisis de masiva de salud pública”.

Por todo ello, concluye el presidente de la PTS, “debemos manifestar el absoluto rechazo del Tercer Sector a estas decisiones tomadas por el Ministerio. Las entidades sociales estatales no pueden verse tan perjudicadas hasta el punto de poner en riesgo su misión social en un momento de máxima urgencia en el que la prioridad debería ser la reconstrucción social para que, de verdad, nadie quede atrás”.