El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama a los grupos parlamentarios que la nueva Ley de Vivienda, aún pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados, aborde “sin excusa” la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con objeto de garantizar la accesibilidad universal de los elementos comunes de los inmuebles.

Como explica el CERMI, “no se entiende que se hable de avanzar en políticas y legislaciones de vivienda social si se excluye la accesibilidad universal, que debería ser objetivo básico, junto con el fomento del arrendamiento en condiciones asequibles y evitar los desahucios sin alternativa habitacional”.

La ausencia de accesibilidad en los edificios de viviendas a los que se aplica la Ley de Propiedad Horizontal, normativa vigente desde la época preconstitucional, es un mal crónico. De hecho, el estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ de la Fundación Mutua de Propietarios (FMP) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ya alertó en 2019 que en nuestro país convivían más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas, de las que en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda.

El estudio también mostraba que hasta un 43% de las personas con movilidad reducida pasaba muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 33% consideraba que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que se duplicaba en el caso del 18% de estas personas que residen en edificios sin ascensor.

Por todo ello, y con objeto de solventar una situación que el propio CERMI califica de “infame”, se hace necesario reformar con urgencia la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años.

Una nueva regulación que, concluye el Comité, “debe venir acompañada de potentes líneas de ayudas públicas para que las comunidades de propietarios con menos recursos acometan estas obras y actuaciones de accesibilidad sin forzar a los vecinos más modestos a realizar aportaciones exorbitantes”.

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