El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), ha advertido de que la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 “no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas”, puesto que no cumple con las exigencias de la legislación europea.

Esta es la principal conclusión de la OADIS en un escrito de respuesta a una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que la entidad denunciaba las carencias que sigue presentando el 112 para ser utilizado por personas sordas, discapacidad auditiva, sordociegas o dificultades en el habla.

Como reconoce la propia OADIS, estas personas “no pueden realizar una llamada de emergencia al 112 cuando se desplazan fuera de la comunidad en la que residen habitualmente y en la que están registradas” para poder utilizar este servicio.

Competencia autonómica

Además alerta de que la solución actual que se ha implantado de usar el 112 a través de un centro de intermediación “no es adecuada, ya que se trata de que, ante una situación de urgencia, el tiempo de respuesta sea lo más breve posible”.

En su escrito, la OADIS informa al CERMI de que, tras recibir su queja, solicitó información a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, y le planteó la posibilidad de que actuara como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional.

Tras esta petición, la Dirección General recordó a la OADIS que la atención de las llamadas al 112 son competencia de las comunidades y ciudades autónomas, aunque apuntó que en los próximos meses planteará un procedimiento único para garantizar la accesibilidad y armonizar así este servicio en todo el territorio. Además detalló los avances que han ido implantando las diferentes comunidades y ciudades autónomas para hacer posible la atención a todas las personas con discapacidad.

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