La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha puesto en marcha, en el marco de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, la campaña #UnaCasaDeLaQuePoderSalir para reclamar la modificación de la actual Ley de Propiedad Horizontal para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan salir de sus hogares de forma autónoma.

Como denuncia COCEMFE, “las personas con discapacidad estamos hastiadas de solicitar que se nos permita salir de nuestros propios domicilios. Necesitamos que se pase de las palabras a los hechos y por eso exigimos la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y, que de una vez por todas, se lleven a cabo las medidas necesarias destinadas a promover el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad y garantizar nuestra autonomía personal y libertad de movimientos”.

El estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ de la Fundación Mutua de Propietarios y COCEMFE ya alertó en 2019 de que en nuestro país convivían más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas, de las que en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de ésta.

La razón para esta situación se explica, cuando menos en parte, por la actual Ley de Propiedad Horizontal, que entre otras medidas establece que las obras para garantizar la accesibilidad universal solo serán obligatorias si su importe no supone ‘una carga desproporcionada’, o lo que es lo mismo, más de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, lo que exime de la obligación de la instalación de ascensores.

La normativa también establece que las obras serán obligatorias si las ayudas públicas sufragan el 75% de su coste. Sin embargo, la realidad es que solo un 10% de las comunidades de vecinos que quieren llevaras a cabo acaban recibiendo estas ayudas.

El resultado es que, explica la Confederación, “a la hora de la verdad, en muchas ocasiones, las comunidades de vecinos no quieren o no pueden hacer frente a las obras de accesibilidad necesarias al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente”.

Por ello, COCEMFE y su movimiento asociativo proponen que la normativa sea reformada para que las obras para garantizar la accesibilidad en los edificios en los que residan personas con discapacidad o mayores sean asumidas por los vecinos, habilitando ayudas públicas para ello; la creación por ley de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal que se nutriría del 1% de lo destinado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información; y la obligación de destinar a este Fondo aquellas sanciones impuestas a los sujetos obligados que hayan incumplido los mandatos legales de accesibilidad universal.

Para más información sobre la campaña, financiada gracias a una subvención procedente del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pincha aquí.

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