La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, denuncia, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra hoy domingo, 17 de octubre, el incremento constante de la exclusión y pobreza del colectivo y reclama la implementación de todas las medidas necesarias para erradicar estas situaciones en las que se encuentran una tercera parte de todas las personas con discapacidad.

Como alerta Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, «los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios y sufrimos con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como son el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna».

El peor dato en diez años

De acuerdo con los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN España), correspondientes a 2020, el 33,8% de las personas con discapacidad se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión, lo que representa la cifra más elevada de la última década, con un incremento interanual superior al 1% y casi 11 puntos porcentuales más que la que soporta la población sin discapacidad –23%.

En este contexto, la escasez de viviendas accesibles, el incremento del coste de los alquileres y el sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos constituyen algunos de los factores que restringen el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad. Como consecuencia, de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que conviven en nuestro país, el 74% necesita ayuda para poder salir de su vivienda por falta de accesibilidad en su edificio, lo que representa más de 1,8 millones de personas. Y de las mismas, más de 100.000 viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de esta ayuda.

Por otra parte, el incremento de la factura eléctrica también tiene una mayor incidencia sobre este colectivo, puesto que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente. Es el caso de los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o, incluso, la carga de las baterías de las sillas de ruedas.

Derechos vulnerados

Es más; este grupo social encuentra dificultades para el acceso a sus derechos. El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas se siguen quedando fuera del sistema oficial de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando. Un aspecto a tener muy en cuenta dado que éste representa la puerta de acceso al sistema de derechos y beneficios establecidos en nuestro país que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.

De igual modo, las medidas adoptadas para apoyar a los sectores más vulnerables no se están gestionando con la efectividad y agilidad deseables. Es el caso, entre otros ejemplos, de denegación del Ingreso Mínimo Vital a más del 60% de los hogares en donde viven personas con discapacidad que lo han solicitado, puesto que muchas de sus circunstancias sanitarias, sociales y económicas no están reconocidas expresamente en los criterios de acceso.

Hay que actuar ya

Ante esta situación, COCEMFE reclama la puesta en marcha de medidas urgentes para avanzar en la incorporación al mercado de trabajo; el aseguramiento de la obtención de ingresos; la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios; la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios; y el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones, con especial incidencia en la accesibilidad universal y la autonomía personal y en aquellas personas con discapacidad en las que confluyen diferentes factores de discriminación interseccional, como ocurre con las mujeres con discapacidad o quienes viven en el medio rural.

«La experiencia demuestra -concluye Anxo Queiruga- que las personas con discapacidad siempre somos el primer grupo social en notar los efectos de las crisis y el último en notar los de la recuperación. Hacemos un llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones del país para que adopten medidas transversales y permanentes que garanticen la igualdad de oportunidades y que estén consensuadas con las organizaciones que las representamos».

– A día de hoy, 98 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y a la dependencia ya son miembros de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?