Las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el acceso al empleo y en la percepción de ingresos son en España de las más elevadas de la Unión Europea.

El origen de las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación está estrechamente ligado a las condiciones precarias de vida y de trabajo de las clases con menores niveles de renta y formación: la tasa de riesgo en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros es casi cuatro veces mayor (8,4%) que en los que tienen ingresos superiores a 2.500 euros (2,4%), con una correlación sistemática entre dos variables: a menos renta del hogar, mayor tasa de discapacidades. Esta es una de las principales conclusiones del volumen 33 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación “la Caixa”, que lleva por título Discapacidades e inclusión social.

De hecho, el nivel de estudios de las personas con discapacidad es mucho más bajo que el de la población general. Del millón y medio de personas que se encuentran en edad laboral, el 7% son analfabetas (lo es el 1% de la población general) y una cuarta parte no ha terminado la primaria. No obstante, a la mayoría les sobrevino la discapacidad después de los 16 años. Esta mayor propensión de los miembros de familias pobres a experimentar limitaciones físicas o psíquicas se mantiene en los mismos porcentajes que una década atrás (encuesta de 1999).

A la cola de Europa

Además, el estudio revela que sólo el 28% de las personas con limitaciones consiguen un empleo remunerado, frente a un 66% de media. Además, la tasa de paro estimada (40%) duplica la de la población general. Por otro lado, pese a las pensiones de invalidez, los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos.

En este sentido, los autores del informe destacan que las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el acceso al empleo y en la percepción de ingresos son en España de las más elevadas de la Unión Europea.

Sin ayuda

Tres de cada cuatro personas con discapacidad reciben ayudas que llegan a solventar los casos de discapacidad severos en más de una tercera parte (del 41,7 al 28,6%). Sin embargo, casi un millón de personas carecen de ayudas técnicas o personales.

La cuarta parte de las personas en edad laboral que sufre discapacidad se ha sentido discriminada. Sin embargo, tan sólo el 9% de esas personas ha denunciado los hechos y sólo el 10% del colectivo está asociado a organizaciones que defienden sus derechos.

Reflexiones de los autores

Una vez concluido el análisis, los autores del presente estudio advierten de que es necesario mantener la universalidad de acceso a los recursos públicos de salud y servicios sociales, con medidas que faciliten una atención de calidad y con los apoyos necesarios a todas las personas con limitaciones funcionales.

El objetivo sería evitar el elevado déficit existente entre las personas con discapacidad en esos ámbitos (enfermedades crónicas, fracaso escolar, etc.), así como el no-acceso de un cuarto de millón de personas a los necesarios servicios sociales y de rehabilitación.

Ley de Dependencia

En este contexto consideran que «es clave que el desarrollo de la Ley de Dependencia no se frene a raíz de las medidas que se vienen adoptando para reducir el déficit público, tal como parece haber ocurrido. Y menos en un país que se perfila como el más envejecido del mundo en 2050, según la OMS».

En cuanto a las personas en edad laboral, el informe considera que la política de pensiones debería orientarse a cubrir las necesidades de quienes no pueden trabajar, potenciando las medidas de apoyo a la inserción laboral de quienes están en condiciones de hacerlo, en un marco general de reparto equilibrado del empleo entre toda la población.

– Los datos clave: Según la última macroencuesta del INE (2008), en España presentan alguna discapacidad 3,8 millones de personas. Respecto a 10 años antes, el total de las personas afectadas ha aumentado en algo más de 300.000, pero la tasa de prevalencia se ha reducido seis décimas: del 8,9 al 8,3%. El motivo principal de esta mejora es el incremento de población inmigrante en dichos años —en torno a cinco millones—, con un promedio de edad mucho más joven y, por ello, con una tasa de discapacidades mucho menor (2,8%) que la población nativa (9,7%). Tal como se observaba en anteriores sondeos, la frecuencia de discapacidades se incrementa con la edad: 2% hasta los 15 años (140.000 personas), 5% entre 16 y 64 años (1,5 millones) y 29% a partir de los 65 años (2,2 millones).

– Declaraciones Carlos Pereda coautor Estudio Discapacidades e inclusión social: