Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el desarrollo de la teleasistencia. En palabras de Mato, “se trata de uno de los programas con mayor impacto social, y con el que el Ministerio se encuentra firmemente comprometido”.

El programa, dotado con 30 millones de euros, dará servicio a 250.000 personas de 5.535 municipios de toda España. Entre los beneficiarios se encuentran personas en situación de dependencia, personas con algún tipo de discapacidad y mayores. Como ha explicado Mato, “las personas mayores suponen un 60% de los beneficiarios, un dato que refleja el compromiso absoluto del Gobierno con los mayores”.

Teleasistencia

Según ha señalado la ministra, el programa garantiza un servicio que, sumado al resto de programas de atención domiciliaria, permitirá a los beneficiarios “vivir en condiciones de calidad, pese a sus innegables dificultades”. Por tanto, la teleasistencia facilitará que los mayores “puedan permanecer en su medio habitual de vida el mayor tiempo posible, mantener su autonomía y estrechar aún más el contacto con su entorno social y familiar”.

Pacto Socio-Sanitario

Por otro lado, la ministra ha recordado su propuesta de un Pacto Socio-Sanitario que permita garantizar la viabilidad del sistema y que todos los españoles puedan recibir la mejor atención sanitaria y los mejores servicios sociales, con independencia del lugar donde vivan. Para Mato, este es “el mejor ejemplo de que, para este Ministerio, lo primero es estar cerca de las personas dependientes, de las personas con discapacidad y de los mayores”.

Mato ha recordado que “multitud de entidades locales dedican su actividad preferente a los servicios sociales”. En este sentido ha asegurado que para sus responsables “supone una esperanza en la prestación de servicios las líneas ICO que ha abierto el Gobierno, porque muchos trabajadores sociales salvarán sus empleos y todos evitaremos lo doloroso que resulta que una empresa o una cooperativa cierre sus puertas porque la Administración no paga sus servicios”.

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