El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, primera ley estatal sobre la materia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para proteger y reforzar estos servicios que adquieren la consideración de ‘esenciales’ e intentar acabar con las inequidades existentes a día de hoy en el acceso a los mismos entre las distintas comunidades.

Los servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se han desarrollado con distinto ritmo, inversiones y características diferentes en cada territorio, generándose importantes desigualdades que limitan el ejercicio en igualdad de los derechos contenidos en el capítulo III de la Constitución. Esta ley pretende consolidar el cuarto pilar del estado de bienestar y fomentar la igualdad de los ciudadanos, independientemente de dónde vivan.

Para Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, «los servicios sociales son un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar, pero durante muchos años han estado completamente asfixiados. Esta ley pretende ser un balón de oxígeno para las personas que son atendidas por los servicios sociales para que entiendan que es su derecho que los servicios públicos les atiendan y garanticen sus necesidades cuando las cosas vienen mal dadas». También para los profesionales que «demasiadas veces han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debería haber garantizado mejor la administración pública».

Equidad territorial

El anteproyecto, que ahora se someterá a información pública, forma parte de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Belarra considera que la nueva ley permitirá «profundizar y hacer permanente la modernización de los servicios sociales que ya ha comenzado con una inversión de 875 millones de euros procedentes de los fondos europeos».

La normativa que se vertebra en seis ejes fundamentales:

1. Consideración de los servicios sociales como servicios esenciales, con lo que establece en la legislación el derecho de toda persona a recibir una atención integral e interdisciplinar por un equipo básico conformado por profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología.

2. Catálogo común de servicios sociales y prestaciones en todo el territorio, catálogo que según marca la ley deberá ser diseñado en los próximos meses por la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y que, muy detallado, garantizará la misma cobertura y acceso a dichas prestaciones y servicios con independencia de la región de residencia.

3. Movilidad territorial, tal y como ya ocurre con la asistencia sanitaria y la educación. Así, las personas que se desplacen a otras comunidades tendrán derecho a mantener los servicios y prestaciones esenciales sin necesidad de pasar de nuevo por largos procesos de valoración.

4. Erradicación de los laberintos burocráticos con la implementación, entre otras medidas, de la historia social única digital y de un sistema de información común interoperable con los sistemas de información autonómicos. Como destaca Belarra, «si las necesidades son urgentes, las ayudas también deben serlo».

5. Eliminación del requerimiento de empadronamiento en un municipio para acceder a servicios sociales y prestaciones del catálogo común. Tampoco se podrá excluir a ninguna persona de un servicio o prestación por no contar con recursos económicos.

6. Enfoque comunitario, preventivo y centrado en la persona. Para la ministra de Derechos Sociales, «durante muchos años, los servicios sociales han tenido un enfoque asistencialista, con lo que se mandaba a la gente que requería atención el mensaje de que se les estaba haciendo un favor. Con el nuevo enfoque apostamos por las potencialidades de las personas y no nos centramos únicamente en sus dificultades».