Queridos amigos y amigas:

Soy Santiago López, presidente de Plena inclusión España. Somos un movimiento asociativo con más de 50 años de existencia que acompaña a más de 235.000 familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Ante el debate público suscitado por la conocida como Ley Celaá y su reciente aprobación, la Junta Directiva de Plena inclusión España ha acordado manifestar:

1) La imagen de nuestros hijos es sagrada y forma parte de su dignidad como seres humanos. Estos días hay personas que están utilizando sus rostros, voces y sus dificultades o limitaciones como arma arrojadiza en el debate público. Esto nos preocupa no solo porque atenta frontalmente con su derecho a tener una imagen respetada y protegida, sino también porque tenemos la obligación como padres a defenderla. Sobre todo, porque esta campaña de forma irresponsable está contribuyendo a agravar los prejuicios y estereotipos sociales a los que se enfrentan nuestros hijos e hijas cada día de sus vidas.

No todo vale. Y lo consideramos éticamente inaceptable.

2) Todos los días oímos o vemos falsas noticias o fakenews que buscan generar malestar, angustia y confusión a muchas familias y al alumnado, a través de la difusión de información manipulada o parcialmente falsa sobre lo que dice la ley y sobre el futuro de los centros de educación especial. 

Nos oponemos a cualquier tipo de manipulación y a la extorsión emocional que supone utilizar nuestra preocupación y muchas veces nuestro sufrimiento para jugar con la realidad.

3) La educación de nuestros hijos e hijas lleva muchos años aparcada por todos los partidos políticos, lo que ha tenido como consecuencia que, al no disponer de los apoyos necesarios, los niños y niñas fracasen y terminen expulsados del sistema educativo ordinario, achacando ese fracaso al déficit de la persona, a la discapacidad, a que no pueden… Y de forma sistemática y deliberada se niega el hecho de que este fracaso es del sistema educativo.   Cuando existen suficientes apoyos en el ámbito escolar ordinario, el resultado obtenido es muy positivo.

La educación ordinaria lleva décadas expulsando sistemáticamente a los niños y niñas del entorno educativo por falta de medios. La educación especial tiene insuficientes recursos que generalmente tenemos que compensar las familias. Por ello, las administraciones educativas deben garantizar la financiación necesaria.

La educación está fallando para todos, y especialmente y de forma grave para nuestros hijos e hijas. Hay colegios que tienen mejores servicios con altos copagos que no todas las familias podemos pagar, pero que todos nuestros hijos necesitan y merecen.

Exigimos inversión que garantice derechos.

4) La Ley Celaá tiene algunos aspectos positivos:

La nueva norma elimina una discriminación histórica porque reconoce el derecho a una titulación adaptada a los alumnos y alumnas.

Nuestros hijos e hijas llevan décadas soportando la falta de reconocimiento de su esfuerzo y su éxito cuando alcanzan los objetivos que se les marcan sin obtener un título oficialmente reconocido.

La nueva ley admite que es necesario mejorar la capacidad de los colegios ordinarios en los cuales cursan estudios la mayor parte de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ellos tienen derecho, como cualquier alumno o alumna, a una educación de calidad que permita una inclusión real.

Esta falta de capacidad de los de los centros educativos tiene como consecuencia los alumnos y alumnas sean vistos como un problema y no como unos niños o niñas más con derecho a ser reconocidos, valorados y capaces de contribuir valiosamente al aula y la escuela en su conjunto.

Los colegios de educación especial se reconocen como fuente de conocimiento y experiencia imprescindible. Por ello, se les da un papel fundamental como centros de referencia y apoyo para todo el sistema educativo con la finalidad de mejorar la atención a la diversidad.

5) La ley Celaá tiene otros aspectos que no nos gustan:

No se prevén los recursos para garantizar una escolarización óptima del alumnado. Tampoco se reconoce que es necesario realizar una inversión para garantizar el plan para que los centros ordinarios puedan atender en las mejores condiciones al alumnado escolarizado en ellos, y los colegios de educación especial tengan una financiación suficiente.

Si no se reconoce la necesidad de que exista una inversión, la ley puede quedar en papel mojado.

Además, a las familias no se nos reconoce el derecho a elegir modalidad educativa con los recursos necesarios.

Las familias somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos e hijas y quienes más nos preocupamos por su bienestar. A pesar de ello, las familias seguimos en manos de profesionales que realizan informes técnicos, basados en el déficit, que deciden si nuestros hijos pueden estar en la escuela ordinaria o no, y esto es contrario a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

No hay garantía de apoyo para la red de centros concertados de Plena inclusión, creados por las familias hace décadas, cuando nuestros hijos e hijas no tenían colegios a donde ir. Nuestros equipos profesionales, su conocimiento y nuestra práctica educativa deben ser consideradas como un capital social de primer nivel que debe participar activamente en los procesos de avance para la mejora del sistema educativo.

Exigimos memoria histórica también para reconocer la labor de nuestro movimiento asociativo y respeto como bien social arraigado en nuestras comunidades.