Los partidos políticos españoles se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años e impedir que pueda privarse de este derecho por razón de discapacidad.

Vieja reivindicación

Esta es una continuada reivindicación del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y de FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, miembros de Somos Pacientes.

Actualmente unas 80.000 personas están privadas del derecho a voto en España por decisión de los jueces, al estimarse que no tienen facultad para elegir por sí mismas.

Ángela Bachiller, concejala

El debate se ha reavivado tras la reciente elección de Ángela Bachiller, persona con síndrome de Down, como concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, en sustitución de un compañero de partido (PP) que ha dejado el sillón de concejal.

Ángela Bachiller, que trabaja como auxiliar administrativo en la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de la capital vallisoletana, ocupó el puesto número 18 en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales y sustituye a Jesús García Galván.

La inclusión de Bachiller en la lista con la que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, concurrió a las elecciones municipales fue muy bien recibida por las asociaciones de personas con discapacidad, que lo ven como un paso más en el camino de la normalización.

Sin embargo, tras su elección como concejala,  desde el CERMI se ha apuntado la paradoja que supone que una mujer con síndrome de Down acceda a este cargo mientras otras muchas personas «con su misma edad y sus mismas habilidades» están privadas del derecho a voto.

Campañas

El CERMI está desarrollando desde hace tiempo una campaña de presión política para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto lo recobren. La entidad recuerda las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ante la exclusión del ejercicio de este derecho, tras el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU.

Por su parte, FEAPS inició en 2011 la campaña «Mi voto cuenta», para concienciar a la sociedad de este derecho al voto, y  para que las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan reivindicarlo.

A día de hoy 61 asociaciones de discapacidad y dependencia son miembros de Somos Pacientes,   ¿y la tuya?