El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, una inversión de 70.540.451 euros para la adquisición de equipamiento de salas de radiología para centros de 12 comunidades y ciudades autónomas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

La inversión, enmarcada en el Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del INGESA (Plan AMAT-I), pretende, informa Sanidad, “dar continuidad a los objetivos que se fijaron con el Plan INVEAT de reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (SNS) y aumentar las capacidades diagnósticas de los centros”.

La razón para esta partida se explica porque una parte importante de los equipos de diagnóstico por imagen, caso de los de radiología convencional, de mamografía y de ecografía, no pudieron finalmente ser incluidos en el Plan INVEAT.

Más de la mitad de los equipos de radiología llevan, cuando menos, una década instalados, y de estos el 50% están basados en tecnología analógica, lo que limita en gran medida la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de gestión y distribución de imágenes.

En el caso de los equipos de ecografía, la situación es similar, por lo que la actualización resulta incluso más acuciante dado que tienen un ciclo de vida más corto por la constante incorporación de innovaciones.

Por todo ello, incide Sanidad, “se hace necesaria su renovación y la compra centralizada a través de acuerdos marco a los que se adhieren voluntariamente los servicios de salud de las comunidades autónomas, del INGESA u organismos de la Administración del Estado que manifiestan su interés”.

De esta forma se logra que las administraciones actúen de forma coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y una mejor utilización de los recursos, para que así se puedan estandarizar las condiciones de adquisición, mejorar la posición de negociación y el precio final, y hacer más eficiente el proceso de contratación.

Concretamente, en este acuerdo participan Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.