El Círculo de Empresarios ha publicado el documento ‘UNA Sanidad centrada en las personas‘, un estudio que habla de la necesidad de promover la colaboración público-privada para que la sostenibilidad presente y futura del Sistema Nacional de Salud no se vea comprometida. Y es que el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas son dos aspectos que se deben tener muy en cuenta en este sentido, ya que amenazan con sobrecargar los presupuestos destinados a este fin y, de esta manera, reducir la calidad de la atención al paciente.

Según los datos recogidos por este informe, el gasto en sanidad en España representa casi el 11% del PIB: en 2023 ascendió a 90.300 millones de euros sólo en el ámbito público. Una cifra que va a ir ascendiendo a causa de la inflación y del aumento de los costes sanitarios. Por otra parte, la actividad asistencial sigue aumentando al tiempo que vamos perdiendo profesionales sanitarios, lo que repercute en mayores esperas en atención primaria, especialidades y cirugías.

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Aunque se espera que ese número de profesionales vaya aumentando, el texto indica que ese crecimiento no seguirá el mismo ritmo que el resto de la población. Por otra parte, apunta que el problema aún será más grave porque, en la actualidad, no se está planificando la creación de nuevos programas de estudio relacionados con profesiones sanitarias vinculadas a la transformación digital del sistema de salud. Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que para 2030 habrá un déficit de 18 millones de trabajadores sanitarios en todo el mundo.

Colaboración para acelerar la I+D

Para ampliar los recursos y mejorar el acceso a la sanidad, el estudio recomienda perfilar estrategias que potencien las colaboraciones público-privadas que vayan más allá de la financiación de infraestructuras y que involucren a sectores diversos, como el de las tecnologías sanitarias o las relacionadas con la sostenibilidad.

Plantea varios tipos de colaboración como las habituales concesiones de obras, de mantenimiento de infraestructuras y de gestión de servicios, pero también se abre el plano hacia la investigación. En concreto describe la creación de alianzas entre centros públicos y agentes del ecosistema tecnológico, biotecnológico y farmacéutico para agilizar los procesos de I+D y acelerar la creación de terapias necesarias para los pacientes. Aunque también incluye en estos términos una mejora de la interoperabilidad del sistema y un aumento de la información clínica del paciente.

Todo ello ha de llevarse a cabo bajo garantías de ética y transparencia, que podrían regularse a través del anteproyecto de Ley de Equidad, que restringe los copagos y limita las privatizaciones y los conciertos a aquellos momentos en los que no sea posible la gestión directa. O cuando sea necesaria la optimización de recursos sanitarios o que los medios propios sean insuficientes. Una normativa que ya fue validada para tramitación por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2022 pero que sigue en pausa.

¿Y el paciente?

En lo que respecta al paciente, el documento resume los posibles beneficios que la colaboración público-privada les aportaría en materia de asistencia y atención. Por ejemplo, reportaría una ampliación y modernización de los recursos sanitarios enfocados hacia la gestión remota de los pacientes: monitorización y seguimiento en el propio domicilio de crónicos, sistemas de telemedicina efectivos y eficientes que eviten desplazamientos innecesarios a personas que viven en zonas alejadas del centro hospitalario, asesoramiento médico en línea, etc.

Se trata de una serie de vías que optimizan la atención médica y que ayudan a reducir costes. Además de ayudar a detectar riesgos de salud tempranos y mejorar la estabilidad del paciente crónico, reduciendo las visitas a urgencias y hospitalizaciones.

Por otra parte, apuesta por un aumento de la interoperabilidad y del intercambio fluido de información entre sanidad pública y privada, con el fin de reducir ineficiencias como la duplicidad de pruebas y de fomentar la creación de procesos integrales de cuidado en los que puedan estar involucrados atención primaria, hospitales, farmacias y residencias.