La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y Portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector. La normativa tiene como principal novedad el reconocimiento de las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social –en torno a 29.000 en nuestro país– como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado.

Como informa el Gobierno, “esta nueva regulación va a garantizar el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que tengan ámbito estatal, entidades que desarrollan un papel fundamental de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social”.

Concretamente, las ayudas se destinarán al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las sedes centrales de las entidades y organizaciones beneficiarias.

Subvenciones a cargo de la ‘X solidaria’

Asimismo, a instancias del Ministerio, el Consejo también aprobó el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para las subvenciones estatales destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

En la presente convocatoria, en la que se distribuirán cerca de 211 millones de euros, se dará prioridad a aquellos proyectos sociales de ayuda a las familias con problemas económicos, especialmente a las que tienen hijos para, así, combatir la pobreza infantil. Una convocatoria a la que, como informa el Gobierno, “podrán acceder las entidades que tengan la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y ONG ya previstas el año pasado”.

Concretamente se considerarán como prioritarios aquellos Programas de Urgencia Social que tengan por objetivo atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza; apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o personas dependientes a su cargo; ayudar a las familias a una adecuada nutrición de sus hijos menores; o llevar a cabo acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.