Conforme a lo previsto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto al Rey los miembros de su nuevo Gobierno. La abogada Dolors Montserrat Montserrat (San Sadurní de Noya, Barcelona, 1973) ha sido elegida para dirigir el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La nueva ministra es una de las principales dirigentes del PP catalán. También en el Congreso han crecido sus responsabilidades después de ser elegida en tres elecciones consecutivas diputada por Barcelona. En la legislatura que finalizó hace un año, Montserrat ocupó la vicepresidencia tercera de la Mesa de la Cámara. También tuvo un papel relevante en las negociaciones que el PP mantuvo con Ciudadanos para lograr la investidura de Rajoy.

Montserrat asume el departamento que hasta ahora dirigía en funciones la también ministra de Empleo, Fátima Báñez, después de que Alfonso Alonso dejara el cargo el pasado mes de agosto para presentarse a las Elecciones vascas.

Estudios

La nueva ministra estudió en su ciudad natal, aunque terminó sus estudios preuniversitarios en Estados Unidos. Posteriormente se licenció en Derecho por la Universidad Abad Oliba de Barcelona, máster en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona y ejerce desde 1997 con despacho propio especializado en Derecho urbanístico, inmobiliario y ambiental.

También realizó un Programa de Derecho Agrario Comunitario impartido por la Universidad de Ferrara (Italia), un posgrado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario impartido por la Universidad Pompeu Fabra, un posgrado de Mediación y Negociación impartido por la Universidad de Barcelona, un programa de Derecho Inmobiliario y Urbanístico impartido por ESADE y un programa de Dirección de empresas Inmobiliarias impartido por IESE.

El Ministerio

Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.

Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como de lucha contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género.