La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer y Otras Demencias (CEAFA), miembro de Somos Pacientes, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la aprobación de una amplia dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder desarrollar todas las líneas de acción del ‘Plan Integral de alzhéimer y otras demencias (2019-2023)’.

En su carta remitida a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, CEAFA solicita “una dotación necesaria y suficiente, de forma que se atiendan las necesidades de un colectivo que sufre estigma por la edad, por la enfermedad y por su dependencia de otros, lo que les convierte en los ‘intocables’ de nuestra sociedad. Y de esta circunstancia tenemos dolorosa y reciente experiencia con lo que está sucediendo durante la pandemia, por lo que tenemos que aprender de los errores”.

El Plan Integral de alhzéimer y otras demencias (2019-2023) fue aprobado por el Gobierno en octubre de 2019, año en el que nuestro país alcanzó un récord histórico de personas mayores de 65 años. De hecho, el 19,4% de la población española ya iguala o supera esa edad.

Realidad demográfica

Como indica Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA, “debemos estar preparados para afrontar las implicaciones de esa realidad demográfica. El Plan Integral sistematiza y establece las bases de la construcción del modelo de atención. Porque a lo que nos estamos enfrentando es a un enorme reto que condiciona la sostenibilidad de cualquier sistema social y sanitario. Eso, que hemos venido repitiendo desde el 2010, cuando reclamábamos una política de Estado de alzhéimer, ha quedado demostrado estos últimos meses”.

Se estima que el coste medio anual para cada familia con un paciente con alzhéimer se eleva hasta los 31.000 euros. Una cifra que, de multiplicarse por el número total de familias, ascendería a 36.000 millones de euros anuales, lo que supone el 2,89% del PIB del año 2019.

Como concluye Cantabrana, “esta cifra nos puede dar una idea del impacto económico de la enfermedad, y el Plan Integral debe responder a ese reto económico con cifras realistas. Y es que si invertimos 100.000 euros al año difícilmente podremos evitar el colapso de los servicios sociosanitarios en una sociedad tan envejecida como la nuestra. Máxime ahora que, tras la experiencia de la COVID-19, los servicios de protección sociosanitaria han mostrado tantas debilidades y la necesidad de una revisión a fondo. Se necesita una intervención rotunda y clara. Ya no podemos mirar a otro lado”.

– A día de hoy, 238 asociaciones de pacientes dedicadas a la enfermedad de Alzheimer son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?