El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que imponga el pago directo en la gestión de la prestación ortoprotésica como criterio común para todas las comunidades autónomas y, de esta manera, evite que la decisión sea adoptada por cada administración sanitaria.

Como recuerda el CERMI, “en la actualidad, la fijación del criterio de pago, bien directo o de reembolso, depende de cada comunidad autónoma, lo que supone una desigualdad injustificada en función del territorio donde resida la persona usuaria. Así, hay comunidades, la mayoría, que tienen establecido el sistema de reembolso –esto es, la persona usuaria adelanta el precio parcial o total del producto, y más adelante se le devuelve por parte de la administración–, mientras que otras, las menos, que tienen implantado el de pago directo”.

En este contexto, el pago directo significa que debe ser la Administración sanitaria la que abone el pago del producto ortoprotésico prescrito a la ortopedia proveedora, sin que el usuario tenga que anticipar o adelantar de su propio bolsillo la cantidad que financia el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Evitar los retrasos en el reembolso

Tras la reforma sanitaria producida en 2012, la prestación ortoprotésica es considerada prestación suplementaria  del SNS y, por tanto, se encuentra sometida al mismo régimen de aportación que el resto de prestaciones con la misma consideración –entre otras, la farmacéutica y el transporte sanitario no urgente–. Por ello, y de cara a la regulación de la prestación que está ultimando el Ministerio de Sanidad, “es el momento de aplicarle la misma modalidad de abono establecida, el de pago directo, igual en todo el territorio, por coherencia con el sistema global”, reclama el CERMI.

No en vano, el criterio de pago directo es el más justo socialmente, “ya que no es la persona usuaria de la prestación la que tiene que adelantar la cantidades del producto, muy elevadas en ocasiones, lo que implica que el paciente es convertido en financiador del sistema, anticipando el precio, que puede tardar meses y hasta años en ver reembolsado por la administración sanitaria”, concluye el Comité.

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