El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado un borrador de orden ministerial que regula, «en función de la renta y de la cronicidad de la enfermedad, que no en función de patologías concretas», la aportación de los usuarios en el transporte sanitario no urgente.

De acuerdo con el mismo, el transporte tendrá un precio único, de 50 euros –»una medida que se toma para evitar penalizar a pacientes de zonas alejadas de los centros sanitarios o rurales», explica Sanidad–, si bien, «como norma general», tendrá una aportación reducida, «por lo que el usuario aportará el 10%”, esto es, cinco euros«.

Límites por renta

El borrador, que según ha explicado la titular de Sanidad, Ana Mato, nace «básicamente de las propuestas de los técnicos de las Comunidades Autónomas», también establece límites mensuales en función de la renta: 60 euros para las superiores a los 100.000 euros anuales; 20 euros para quienes ganan 18.000 a 100.000 (activos y pensionistas); y 10 euros para el resto.

Los límites, sin embargo, «serán semestrales en el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses», aclara el Ministerio, por lo que lo que la mayoría de los «enfermos crónicos pagarán 1,6 o 3,3 euros al mes«.

Finalmente, Sanidad puntualiza que las tarifas no se aplicarán a los grupos ya exentos de copago en farmacia –entre otros, los pacientes del síndrome tóxico, las rentas de inserción o los parados de larga duración– y las personas que requieran tratamiento derivado de un accidente laboral –pues las cubrirán la mutua de accidentes, el INSS o el Instituto Social de la Marina.

De la misma manera, también incide en que «no se considera transporte sanitario no urgente el traslado entre centros, por lo que también estará exento de aportación»,  así como en que «los menores, personas con discapacidad cognitiva, sensorial o visual o cuando su estado de salud así lo requiera, podrán llevar acompañante en los trayectos sin ningún coste”»

Movimiento asociativo

La inclusión en abril del transporte sanitario no urgente –el urgente sigue siendo gratuito– en la cartera suplementaria de servicios, que no en la básica, abrió la puerta al establecimiento del copago por los usuarios concretado en el nuevo borrador, que previsiblemente se refrendará en la reunión que mantendrá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo jueves 20 de diciembre.

La respuesta del movimiento asociativo no se ha hecho esperar. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha expresado su «rotundo rechazo y oposición absoluta a la posibilidad de implantar el copago para el uso de transporte sanitario no urgente, una medida que supone una barrera más para el acceso a la atención sanitaria y a los cuidados de salud de las personas con discapacidad”»

Por ello, el CERMI ha solicitado que las personas con discapacidad oficialmente reconocida, con enfermedades crónicas o que necesitan atenciones de salud prolongadas en el tiempo queden exentas de cualquier tipo de aportación económica en la prestación de transporte sanitario –urgente o no urgente–, pues «para muchas personas con discapacidad, el transporte sanitario es el único que garantiza los desplazamientos entre el domicilio y los centros de salud y los hospitales, al no contar el transporte público con las condiciones de accesibilidad necesarias».

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), miembro de Somos Pacientes, ha exigido a Sanidad que los pacientes oncológicos de radioterapia y quimioterapia estén exentos del copago del transporte sanitario no urgente ante «el riesgo vital que supondría dejar el tratamiento por no poder asumir el coste del transporte al centro sanitario».

Así, y como aseguran desde la Asociación, «desde la AECC estaremos alerta para que se mantengan la calidad en los servicios y prestaciones para evitar situaciones de precariedad en las personas enfermas de cáncer y sus familias«.

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Federación ALCER), miembro de Somos Pacientes, confía en que el borrador sea, en palabras de su presidente, Alejandro Toledo, «solamente una cuestión de preliminares y que no se lleve a cabo», para que así «no se aplique el copago en el transporte sanitario no urgente ara los pacientes en hemodiálisis«.

La Federación ha recordado que Sanidad garantizó en junio que los pacientes en tratamiento de hemodiálisis «quedaban exentos del copago en transporte sanitario no urgente, que se iba a recalificar como ‘transporte vital'»”. Y ahora, ante el anuncio del Ministerio, espera que «se rectifique de alguna manera, porque la suma de otros copagos como el farmacéutico, el ortoprotésico o el de complementos dietéticos haría que para algunos pacientes no fuera sostenible el tratamiento».

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha denunciado que «el transporte sanitario no urgente y los servicios de rehabilitación y fisioterapia tendrían que estar exentos de cualquier tipo de copago para no perjudicar a las personas con enfermedades crónicas que deben acudir a recibir su tratamiento».

A ello se aúna la protesta contra el copago en las farmacias hospitalarias pues, como apunta Mario García, presidente de la Confederación, «todos estos tratamientos, servicios y dispositivos de apoyo son obligatorios para determinadas personas con discapacidad y enfermedades crónicas, que no pueden permitirse el lujo de prescindir de ellos, porque de hacerlo su salud se vería seriamente afectada; la crisis ya está afectando a este colectivo a causa de los recortes, nuevas tasas y copagos en servicios sociales, sanidad, dependencia, educación y empleo y, por ello, nuevas medidas en esta dirección tendrían consecuencias nefastas».