El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, aseguró este viernes que «no es aceptable» que «determinados profesionales y expertos sanitarios» estén «sugiriendo ‘sacrificar‘ a personas con discapacidad por esa sola condición, a la hora de administrar los medios asistenciales disponibles» para afrontar la epidemia por COVID-19.

Lo expone en una respuesta a la queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, a la que ha tenido acceso Servimedia.

El Comité pidió a la institución que inste al Gobierno a garantizar la atención sanitaria «equitativa y sin discriminaciones» y la protección del derecho a la vida «sin excepciones».

Fernández Marugán recuerda en su carta que «el combate contra la enfermedad no puede dejar de lado en ningún momento los principios básicos sobre los que se cimenta nuestra sociedad democrática, garantizando en todo momento la dignidad de las personas, cualquiera que sea su condición, y el respeto a sus derechos y libertades consagrados en la Constitución».

Por ello, para situaciones extremas, el Defensor ha recomendado al Ministerio de Sanidad «disponer de un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud», que incluya «no sólo los criterios clínico-asistenciales, sino también herramientas prácticas para permitir la comunicación de los pacientes con sus seres queridos«.

En esa recomendación, Fernández Marugán también reclama que no se «impongan textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que en ningún caso son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando sean burdamente contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático».

Asimismo, exige a Sanidad «que vigile los textos y recomendaciones emitidos por sociedades científicas que pueden convertirse en una praxis perturbadora que comprometa el bien supremo a la vida de las personas con discapacidad».

En la queja que firmó el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI, Jesús María Martín Blanco, se requiere también que «toda atención sanitaria a personas con discapacidad debe estar presidida por los mandatos imperativos de los derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’ y, por tanto, de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria».

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