El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Ministerio de Sanidad la implementación de una normativa que obligue a los fabricantes y proveedores de productos sanitarios a mantener constantemente la cadena de abastecimiento de artículos esenciales para las personas con discapacidad, como las bolsas de orina.

Esta petición se ha formulado en el marco del trámite de audiencia del Proyecto de Real Decreto, que actualmente se encuentra en proceso de regulación por el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García. Dicho proyecto tiene como objetivo regular el procedimiento de financiación selectiva de productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados.

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En su documento de aportaciones, el CERMI propone que las obligaciones regulatorias de suministro que ya se aplican a los medicamentos se extiendan también a los productos sanitarios. La intención es evitar que las fluctuaciones del mercado provoquen desabastecimientos o discontinuidades en la provisión de estos artículos, lo cual podría afectar gravemente el derecho a la salud de los pacientes en general, y de las personas con discapacidad en particular.

Crisis sanitaria

El CERMI aboga por la incorporación de este deber de continuidad de suministro al ordenamiento sanitario con el objetivo de prevenir crisis sanitarias, como la escasez de bolsas de orina que se lleva dando desde principios de 2024. Esta situación está teniendo un grave impacto en la salud y calidad de vida de muchas personas con discapacidad que necesitan estos productos de manera imperativa. De hecho, la mayoría se están viendo obligadas a reutilizarlas, aumentando el riesgo de infecciones en las vías urinarias por falta de esterilización.

Ante esta situación, la red de 3.000 oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid ha comenzado a suministrar bolsas de orina que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para mitigar el problema. La medida, autorizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha sido propuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) en colaboración con las empresas de distribución farmacéutica Cofares, Bidafarma, Alliance y Hefame. La iniciativa busca facilitar el acceso de los pacientes crónicos a las bolsas colectoras utilizadas en el ámbito hospitalario como alternativa de suministro excepcional mientras se resuelve el problema actual de abastecimiento.

Esta solución provisional se extenderá durante tres meses, tras los cuales se reevaluará la situación. Las farmacias podrán ofrecer estas alternativas a los pacientes cuyo tipo de bolsa prescrito esté afectado por la falta de suministro, siempre que no existan otras opciones financiadas y con cupón precinto diferenciado. La Comunidad de Madrid cubrirá la diferencia del coste de las bolsas de orina no financiadas por el sistema público, y el paciente abonará su aportación según el tipo de tarjeta sanitaria y considerando que son productos de aportación reducida.