Manifiesto del CERMI
Garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, reclama, en el marco de la celebración, este domingo 3 de mayo, de la segunda edición del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se garantice plenamente el derecho humano a la salud de todas las personas con discapacidad, sin discriminaciones ni excepciones y con enfoque de género.
Como explica el CERMI, “denunciamos cualquier práctica, recomendación o política clínica que discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a los cuidados de salud y en los servicios sanitarios, en este caso tratamientos contra el coronavirus (COVID-19), porque nunca se repetirá bastante que todas las vidas humanas tienen el mismo valor y dignidad”.
Derecho a la salud
El Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, instaurado oficialmente por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, tiene por objetivo contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.
Una efeméride que se celebra en plena crisis sanitaria, social y económica por la pandemia del coronavirus y que, como alerta el CERMI en su Manifiesto por este Día Nacional, ha sometido a tensión extrema los principios inspiradores de los sistemas de salud como la universalidad, la equidad y la no discriminación.
Como recoge el Manifiesto, “esta crisis masiva de salud pública, que ha devenido en crisis social y económica de efectos devastadores, aún no dimensionados, ha situado en un estado de excepcionalidad y ha castigado severamente a las personas con discapacidad y a sus familias, que han sentido y están experimentando de forma desproporcionada los impactos más lacerantes de esta emergencia sanitaria, comprometiendo no solo la salud sino también segando muchas vidas que nunca se llorarán bastante”.
Es más; como denuncia el Comité, “las personas mayores con discapacidad están sufriendo esta pandemia en carne propia de forma más virulenta y sus derechos humanos se están no solo cuestionando, sino negando del modo más despiadado, a favor de una pretendida eficiencia del sistema, ante la escasez de recursos y la elevada presión asistencial”.
Por ello, y entre otras medidas, el CERMI exige garantizar la prestación de servicios y cuidados de salud a las personas con discapacidad por parte de instituciones públicas, no gubernamentales y privadas, en condiciones de igualdad de acceso y de calidad de la atención, introduciendo los ajustes necesarios para responder a las necesidades específicas de salud de este grupo poblacional; garantizar la accesibilidad cognitiva y sensorial en todo momento de la información sobre la pandemia; y proveer de recursos humanos y materiales suficientes a los servicios de personas con discapacidad, garantizando la seguridad tanto de las personas trabajadoras como de las usuarias.
Todo ello sin olvidar la necesidad y obligación de que la perspectiva de género presida la gestión de la crisis, para que se cuente con las mujeres y niñas con discapacidad y se incorporen acciones que protejan a las madres y cuidadoras y, de esta manera, “esta emergencia no repercuta de forma desmedida en ellas: por la salud, por la violencia de género y por cuidar de los demás”, concluye el Comité”.
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