La Alianza General de Pacientes (AGP) ha alertado de que la liberalización en la apertura de las oficinas de farmacia, medida propuesta recientemente por el Ministerio de Economía y Competitividad, conllevará a que «estos establecimientos se conviertan en supermercados«.

Por esta razón, la AGP, ha expresado su «más firme apoyo» a Ana Mato, titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su defensa del actual modelo de propiedad-titularidad del farmacéutico, «que permite que el 99% de la población española disponga de una oficina de farmacia cerca de su lugar de residencia«.No anteponer la economía a la salud

Como recuerda Alejandro Toledo, presidente de la AGP, «en la actualidad contamos con uno de los servicios mejor valorados por la sociedad; cada año, las farmacias ofrecen 182 millones de consejos sanitarios aparte de la dispensación y según los datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), uno de cada tres españoles que entra en una farmacia no adquiere un medicamento y recibe a cambio un consejo sanitario».

En consecuencia, y a juicio de la AGP, «carece de sentido renunciar a un modelo que, si bien se tiene que mejorar, resulta suficientemente satisfactorio«, recalcando que «no se deben anteponer los intereses económicos a los sanitarios o de interés público; la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) como uno de los mejores, muy por encima de otros modelos liberalizados».

‘Supermercados’ farmacéuticos

La propuesta de Economía «ampara la desvinculación entre la titularidad y la propiedad de una farmacia –advierte la AGP–,  con lo que se concede la apertura de este tipo de negocio a cualquier persona o empresa«. Es decir, posibilita la apertura de nuevas farmacias por parte de grandes cadenas y franquicias. Y según denuncia Alejandro Toledo, «no tienen la misma responsabilidad que poseen los farmacéuticos y, por lo tanto, no brindan las mismas garantías«.

No en vano, el actual modelo de propiedad-titularidad «aminora el interés privado de obtener beneficios económicos por la formación, experiencia profesional y la responsabilidad, debido a que una posible infracción de normas legales o éticas no solo pondría en peligro su economía, sino también su profesión y principios«, concluye la AGP.