Con la llegada del nuevo año ha comenzado a implantarse en Madrid la nueva tasa de un euro por receta impuesta por el Gobierno regional para todas las prescripciones con fecha posterior al 1 de enero de 2013. Una medida «disuasoria, que no recaudatoria», según Javier Fernández-Lasquetty, titular de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con la que el gobierno autonómico prevé ingresar 83 millones de euros anuales.

La nueva tasa se abonará directamente en las oficinas de farmacia y se aplicará a todas las recetas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por lo que afectará a los medicamentos, productos sanitarios, fórmulas magistrales, vacunas y productos dietéticos.

Únicamente quedan exentos del pago del euro adicional los medicamentos cuyo precio sea igual o inferior a 1,67 euros. Y asimismo, según ha especificado la Consejería de Sanidad, «los afectados por síndrome tóxico, las personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, las personas perceptoras de rentas de integración social, las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, los parados de larga duración que hayan agotado el subsidio de desempleo y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional».

Finalmente, el gobierno regional ha fijado un tope máximo de 72 euros por usuario para así, según apunta la Consejería, «no perjudicar a los pacientes polimedicados«. En consecuencia, y con objeto de eximirles del pago de la nueva tasa, las oficinas de farmacia conocerán, a través de una aplicación informática, cuando el usuario ha alcanzado dicho tope.

El Gobierno recurrirá

El Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que recurrirá la nueva tasa ante el Tribunal Constitucional, muy previsiblemente ya en el presente mes de enero. Como ya explicó el propio Mariano Rajoy el pasado 28 de diciembre, «el Gobierno, que ya ha recurrido en el caso de Cataluña al Tribunal Constitucional, comprenderá que sería impensable que tomara una decisión diferente en Madrid».

De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha elaborado los informes pertinentes en los que se puede basar el recurso, y ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado.

‘Vulneración de la ley’

El pasado 14 de diciembre, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta primera del Gobierno, anunció el recurso contra el euro por receta de Cataluña, pidiendo la suspensión de una tasa implantada por la Generalitat el pasado 23 de marzo. Como entonces explicó, «la medida vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos, al tiempo que perjudica la igualdad de los españoles, dado que grava por dos veces la adquisición de medicamentos».

Ya entonces el Consejo de Estado elaboró un informe en el que sostenía que, como establece el artículo 149 de la Constitución, las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios.