En nuestro país conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 personas que no salen nunca de sus domicilios al no disponer de esta ayuda no lo hace nunca. Así lo muestran los resultados del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios (FMP) con la colaboración de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), miembro de Somos Pacientes, con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 2,5 millones de personas que tienen movilidad reducida en España.

En palabras de Laura López Demarbre, directora de la FMP, “en ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio”.

Todo ello a pesar de que, como recuerda Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, “es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio”.

Falta de accesibilidad

De acuerdo con los resultados del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, el 43% de las personas con movilidad reducida pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De hecho, el 33% considera que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que se duplica en el caso del 18% de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.

Asimismo, el estudio revela que cerca del 60% de los encuestados con movilidad reducida no son usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo –muletas, bastón, andador, etc.–, bien porque su deambulación es, simplemente, ‘inestable’. Por su parte, el porcentaje de personas usuarias de silla de ruedas manual o eléctrica se establece en el 38%.

Como refiere Anxo Queiruga, “la importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos que no detectan la necesidad inmediata”.

En este contexto, y si bien ya en 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universal incluidos en la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a una investigación previa realizada por la FMP, únicamente un 0,6% de los 9,8 millones de los edificios de viviendas en nuestro país cumple los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.

Por todo ello, y entre otras medidas, COCEMFE y la FMP reclaman la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, haciendo hincapié en que “es imprescindible que se establezcan ayudas específicas para todas las comunidades vecinales que deban afrontar obras de accesibilidad para garantizar el derecho a una vida independiente”.

Para más información sobre los resultados del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’, clica aquí.

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