El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, reclama a las comunidades autónomas que aún no lo hayan hecho la actualización «sin más demoras» del catálogo ortoprotésico del Sistema Nacional de Salud (SNS) conforme a la normativa común aprobada en 2019.

Como explica el CERMI, “la prestación ortoprotésica avanza lenta y desigualmente, cuando resulta esencial para la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Es cierto que, tras muchos años de demora y gracias a la presión del movimiento asociativo de la discapacidad, se actualizó el catálogo en 2019, lo que objetivamente supuso una mejora, aunque quedó lejos de las demandas planteadas desde la sociedad civil. Se dio un paso que debe ser intensificado, no se puede detener ahí”.

Ocho comunidades autónomas

La actualización de la cartera de servicios comunes del SNS en materia de prestación ortoprotésica entró en vigor el 1 de julio de 2019, otorgando a las comunidades y mutualidades un plazo de seis meses desde esa fecha para adaptar los tipos de productos de sus respectivos catálogos a lo dispuesto en el común.

El CERMI destacaba entonces que la “actualización de la prestación ortoprotésica supone un avance para las personas con discapacidad y los pacientes en general, y contempla su propio mecanismo de actualización, mucho más ágil y eficaz que el vigente, lo que permitirá espirales de renovación más sencillas, en función de las aportaciones que haga la ciencia, la tecnología y el mercado”.

Sin embargo, y a pesar de haberse superado el plazo máximo, este proceso de adaptación no se ha llevado a cabo aún en ocho regiones, razón por la que el movimiento asociativo de la discapacidad exige una actualización rápida de un catálogo que reviste una especial importancia para la autonomía de las personas del colectivo. Concretamente, las comunidades que no han realizado la actualización son Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Navarra, Región de Murcia y País Vasco.

Como concluye el Comité, “son las comunidades las que deben proceder a actualizar sus catálogos, yendo más lejos de lo mínimo marcado por el Estado. Ese proceso ya tenía que haberse completado. La presión ahora debe dirigirse a los gobiernos autonómicos, para que completen la reforma del año 2019, sin olvidar que se trata de un proceso permanente de actualización y ampliación para que ofrezca los mejores productos y en las condiciones más beneficiosas”.

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