La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) alerta en un comunicado de las ‘graves consecuencias’ que conlleva para los pacientes crónicos la paralización de los proyectos legislativos en materia de sanidad. Y es que, como explica su presidenta, Carina Escobar, “la suspensión de todas las actividades parlamentarias y de la tramitación de las iniciativas en marcha ponen en riesgo la salud de millares de pacientes con necesidades crónicas de salud”.

En primer lugar, y entre las distintas consecuencias nocivas para la población en general y los pacientes crónicos en particular, la Plataforma menciona el retraso en la aprobación definitiva de la ‘Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud’, que entre otras cuestiones para la mejora del SNS planteaba formalizar la participación de los pacientes a través del Foro Abierto de la Salud, ampliar los derechos de asistencia sanitaria, impedir que puedan introducirse nuevos copagos y recuperar la cartera común de servicios.

Tal es así que la POP ya reclamó el pasado mes de febrero a los grupos parlamentarios que alcanzaran un consenso ‘cuanto antes’ para sacar adelante esta Ley. Y ahora, con el retraso en su aprobación, “se demora la oportunidad para ampliar y reconocer los derechos de personas con enfermedades crónicas”, se lamenta Escobar.

La suspensión de la actividad parlamentaria también deja en el limbo legislativo la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), organismo que, como recoge su anteproyecto de ley, no solo promovería la participación efectiva de los pacientes, sino que también impulsaría la protección de las personas con enfermedades crónicas y la incorporación de la perspectiva de la prevención y promoción de la salud en los modelos de atención a la cronicidad del sistema sanitario y social.

Por ello, esta paralización supone “un freno en la colaboración entre entidades de pacientes y organizaciones sanitarias, algo esencial en la planificación y definición de políticas de salud pública. Es momento de seguir avanzando y contar con la perspectiva de los pacientes y de las entidades que los representan en las políticas sanitarias, reconociéndonos como un agente sanitario y social más”, apunta la presidenta de la POP.

Por su parte, la Ley de Olvido Oncológico, que permitiría borrar el cáncer del historial de un paciente recuperado para que no sea un obstáculo a la hora de encontrar un trabajo o contratar un seguro, también queda aparcada y no entrará en vigor en verano. Una normativa en la que se iba a establecer la “no discriminación por razón de VIH/sida, por haber padecido un cáncer o por otras condiciones de salud”, prohibiendo expresamente “la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/sida, o por otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”.

Tampoco verá la luz, cuando menos de forma inmediata, la Ley ELA, con la que se reconoce el 33% de grado de discapacidad desde el diagnóstico de la enfermedad, la atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos especializados, la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico en los casos avanzados en los que sea necesario el uso de ventilación mecánica, y el servicio domiciliario que garantice el acceso a la atención fisioterapéutica y especializada las 24 horas del día. Y tampoco la Ley de Salud Mental, que entre otras medidas contemplaba unas ratios mínimas de profesionales.

En definitiva, concluye la POP, “es fundamental que todas estas leyes salgan adelante lo antes posible y, con ello, dar solución a los problemas de equidad, universalidad y cohesión del SNS para todas las personas con enfermedad crónica”.