El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han acordado la prohibición en todo el territorio nacional del consumo de cigarrillos electrónicos en zonas infantiles, centros escolares, centros sanitarios, transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas –muy especialmente en las zonas de atención al ciudadano.

Como apunta  Ana Mato, ministra de Sanidad, «el objetivo, prioritario e irrenunciable, es proteger a los menores del vapor que desprenden estos productos, ya que todavía no existen evidencias científicas sobre los efectos que puede provocar».Una vez alcanzado el acuerdo por el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), Sanidad entablará conversaciones con los grupos parlamentarios  para que incluyan la prohibición en alguno de los proyectos legislativos actualmente en tramitación y «pueda estar ya contemplada en el mes de enero«.

Sin embargo, la medida no contempla la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos en todos los espacios públicos cerrados, aspecto que Sanidad dejará en manos del Congreso y del Senado para ver “si quieren avanzar más en la prohibición o prefieren darse un tiempo y conocer las evidencias científicas relacionadas con su consumo”, ha concluido la ministra.

Paso adelante, pero insuficiente

La limitación del consumo de los cigarrillos electrónicos ha sido calificada por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) como «un paso adelante. Creemos que, por fin, el Gobierno quiere regular el consumo de estos productos, que son una manera de perpetuar el tabaco«.

Sin embargo, el CNPT entiende que, como explica su portavoz, Francisco Camarelles, «la regulación debe ir más allá, pues los cigarrillos electrónicos ponen en riesgo los avances contra el tabaquismo. Por ello, pedimos al Gobierno que sea más ambicioso en el futuro. Y es que es necesario aplicar a estos dispositivos regulaciones idénticas a la de los productos del tabaco: adecuar su fiscalidad, prohibir cualquier forma de publicidad o promoción y su venta a menores, y prohibir el consumo en los espacios públicos».

No en vano, recuerda el CNPT en su ‘Informe sobre los cigarrillos electrónicos’, «el cigarrillo electrónico contiene nicotina y no está demostrado que sea un dispositivo eficaz para dejar de fumar, ni tampoco que su uso pueda reducir los daños a los fumadores que no quieran abandonar definitivamente el tabaco».

Y es que «su posible utilidad para reducir los daños causados por el tabaco, al evitar la inhalación de sustancias tóxicas como el alquitrán, no ha sido demostrada hasta la fecha, por lo que tampoco se puede promocionar su uso como estrategia de salud pública«, alerta el CNPT.

El informe advierte además que «una regulación laxa de los cigarrillos electrónicos puede tener el efecto poco deseable de retener a fumadores en su adicción y, además, inducir a una peligrosa renormalización del fumar”. Todo ello sin olvidar que “el vapor de los cigarrillos electrónicos puede contener sustancias tóxicas y nocivas para la salud y no deberían usarse en espacios públicos cerrados«.