El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de Somos Pacientes, ha elaborado un prontuario con las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias con el fin de que sean tenidas en cuenta por las administraciones públicas en la gestión de la crisis originada por la pandemia del COVID-19.

El documento incluye una serie de recomendaciones que se enmarcan en los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.

Recomendaciones

En primer lugar, el CERMI destaca la importancia fundamental de que se garantice la accesibilidad mediante el subtitulado, lengua de signos, lectura fácil, audiodescripción, etc., de la información que se facilita a la ciudadanía para evitar infecciones, planes de restricción públicas y los servicios y recursos disponibles, lo que incluye las comparecencias de portavoces de salud pública, gobernantes y autoridades, y la información que se proporcione por canales digitales. Asimismo, los servicios de atención en línea y telefónicos también deben ser accesibles.

Además, explica el Comité, “reclamamos que se evite cualquier discriminación por razón de discapacidad en el acceso a tratamientos contra el coronavirus”.

También exige que durante la situación actual se garantice la atención sociosanitaria que precisen las personas con discapacidad, así como la protección de la salud de las personas que trabajan en este ámbito, incluidos, entre otros, los intérpretes de lengua de signos.

Es más; el Comité también reclama que las acciones que se adopten durante la pandemia no solo tengan en cuenta la perspectiva de discapacidad, sino también la de género, para que las mujeres y niñas con discapacidad no queden fuera. Debe tenerse en cuenta la mayor exposición que sufre la población femenina con discapacidad ante la violencia machista en el actual contexto de confinamiento, por lo que las iniciativas que se implementen para mujeres y niñas tengan en cuenta a aquellas que tienen discapacidad.

Finalmente, y entre otras medidas, la entidad recuerda que hay personas que por su discapacidad tienen, por prescripción médica, la necesidad de salir a la vía pública, debiendo garantizarse este derecho por parte de las autoridades.

Como concluye el CERMI, “el tejido asociativo de la discapacidad está a disposición de las administraciones para que, mediante el diálogo civil, se adopten las medidas necesarias para garantizar una protección social reforzada a estas familias durante la actual crisis de salud pública”.

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