La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Federación Nacional ALCER), miembro de Somos Pacientes, ha emitido un comunicado para manifestar su satisfacción con la presentación ante el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley (PNL) para proteger social y laboralmente a los donantes de un órgano en vida, propuesta que será estudiada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Parlamento.

Como explica Federación Nacional ALCER, “desde nuestra Federación vemos prioritaria esta protección dado que la persona que decide realizar una donación en vida tiene que perder días de trabajo. El motivo es que debe acudir para realizar las pruebas de compatibilidad con el receptor antes de la operación, así como que el postoperatorio puede ser largo y no está exento de sufrir complicaciones”.

Protección social y laboral

La nueva PNL responde a la petición realizada por la propia Federación Nacional ALCER a la Comisión de Sanidad en la reunión mantenida por ambas entidades el pasado 9 de marzo, Día Mundial del Riñón.

Es más; el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ya solicitó recientemente una modificación legal que otorgue a las personas que deciden donar un órgano en vida una protección social y laboral similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto, para evitar así que este motivo les suponga problemas en sus puestos de trabajo.

En palabras del doctor Matesanz, “confiamos en que el Gobierno lleve a cabo esta modificación legal. Y es que la desprotección que ahora tienen estos donantes ha podido ser la causa de que hayan bajado este tipo de donaciones”.

De hecho, “el donante renal vivo alcanzó su cifra récord en 2014 con 423 donaciones –recuerda el doctor Matesanz–, pero en los dos años siguientes ha caído. Así, esta protección social puede ayudar a incrementar esos datos”.