La Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo), miembro de Somos Pacientes, interpuso recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía el pasado 29 de mayo contra la convocatoria del Servicio Andaluz de Salud de ‘Acuerdo Marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones’. Esta iniciativa legal se suma a una similar emprendida en las mismas fechas por la propia Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), también miembro de Somos Pacientes.

Tal y como la propia asociación recuerda en una nota de prensa hecha pública este martes, 10 de junio, los pliegos anteriores quedaron anulados el pasado mes de marzo por ese tribunal por incumplir la Ley de Contratación Pública al usar criterios no sujetos a derecho y, con ello, quedó anulada la licitación. Sin embargo, el concepto de selección de fármacos por indicación quedó respaldado a ojos del citado tribunal.

«El objeto del contrato que convoca el Servicio Andaluz de Salud es el suministro de los medicamentos relacionados en un anexo y que pretende cubrir las necesidades de los centros sanitarios del SAS para un plazo de dos años (siendo susceptible de prorrogarse por el plazo adicional de un año), conforme a unas especificaciones técnicas y administrativas que se fijan en unos pliegos concretos», según explica Asanhemo. «Esto afectará a 22 patologías que se agrupan en lotes. El lote número cuatro es el de factor VIII o, lo que es lo mismo, una de las proteínas necesarias para que al producirse un sangrado o hemorragia (externa o interna) tengan lugar una serie de acontecimientos destinados a detener esa pérdida de sangre», añade la nota.

«El porqué de nuestra oposición»

La licitación se sustenta en la adquisición y posterior dispensación de un único principio activo para los pacientes en todos los centros hospitalarios en Andalucía, no teniendo en consideración los criterios científicos. En el caso de hemofilia A, y ante la propuesta del SAS de adquirir factores de segunda o tercera generación, «es importante indicar que, a pesar de tener una actividad terapéutica similar, son preparados que presentan algunas diferencias en cuanto a algunos componentes, presentes o no, durante su preparación y obtención que les diferencia, sobre todo, en sus perfiles de seguridad», indica el comunicado.

Asanhemo considera que «es imprescindible que cualquier declaración de equivalencia terapéutica entre medicamentos esté basada y sustentada en la evidencia científico-técnica proporcionada por los correspondientes estudios clínicos, objetivos y controlados por una autoridad independiente y especializada». «Solo mediante ensayos clínicos de equivalencia se puede demostrar que dos principios activos diferentes son equivalentes. El que un determinado número de medicamentos se clasifique en un mismo grupo terapéutico o comparta una misma indicación terapéutica no supone que se puedan considerar ATEs«, añade.

Temor y convencimiento

Aunque el Acuerdo Marco menciona que el profesional sanitario podrá determinar otro tipo de prescripción específica, la asociación «alberga el temor y convencimiento de que eso no sea así puesto que los medicamentos excluidos no estarán disponibles en los hospitales y tampoco figurarán en las guías farmacoterapéuticas, por lo que el facultativo no podrá prescribirlos, limitando con ello su capacidad prescriptora». De este modo, los pacientes que vienen siendo tratados con ellos «se verán obligados a pasar al que haya disponible».

«Tampoco podemos obviar el riesgo de desabastecimiento que puede afectar a los pacientes al disponer de un único producto de tratamiento para la hemofilia  en el caso de fallos de la producción por cualquier circunstancia, situación ésta conocida por nuestro colectivo en alguna ocasión y, aunque en el Pliego de Prescripciones Técnicas se trate el asunto del desabastecimiento, ello no garantiza la salud de la personas afectadas», denuncia este colectivo.

Asanhemo considera que ésta «es una situación que genera falta de equidad entre pacientes del Sistema Nacional de Salud«. Ante la falta de otras alternativas, la asociación se plantea la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa.