Las personas con rentas inferiores a los 100.000 euros anuales deberán pagar entre 20 y 40 euros para acceder a la cartera suplementaria de prestación ortoprotésica, servicio que incluye, entre otros, las sillas de ruedas, las plantillas o los audífonos. Así consta en el borrador que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentará para su aprobación este jueves en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Concretamente, el borrador establece para el usuario un copago del 10% del precio de oferta del producto en los subgrupos de aportación reducida, con un límite máximo de 20 euros por prescripción. En este grupo se incluyen las prótesis externas, caso de los audífonos, prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y los productos ortésicos, las ortoprótesis especiales y la renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos.

Resto de productos

Para el resto de productos –entre otros, las muletas–, los usuarios activos y sus beneficiarios cuyos ingresos no superen los 100.000 euros deberán pagar el 50% del precio de oferta del producto, con un límite de 40 euros por prescripción. Asimismo, el porcentaje del copago será del 40% para las rentas inferiores a los 18.000 euros, con un límite máximo de 30 euros por prescripción.

En el caso de los pensionistas con menos de 100.000 euros de renta y sus beneficiarios, el copago será del 10% del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción.

Finalmente, el borrador especifica que «en el caso de que un usuario requiera varios productos de tipos diferentes con el fin de obtener una determinada prescripción final, todos ellos se indicarán conjuntamente constituyendo a todos los efectos una única prescripción«.

Para más del 87% de personas con discapacidad

De acuerdo con el borrador, quedarán exentos de cualquier tipo de copago ortoprotésico los afectados por síndrome tóxico, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.

Así, y según las estimaciones, quedarían al margen del copago los 32.000 ciudadanos con discapacidad que reciben las ayudas establecidas en la Ley de Integración Social de Minusválidos –la consabida LISMI–, así como cerca de las 454.000 personas con discapacidad física, sensorial o de otro tipo que reciben una pensión no contributiva o una renta de integración social.

En definitiva, y dado que en la actualidad conviven en nuestro país cerca de 3,8 millones de personas con discapacidad, el porcentaje de usuarios que quedarían exentos del copago ortoprotésico –cerca de 486.000 ciudadanos– no alcanzaría al 13% del colectivo.

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