La Oficina del Defensor del Pueblo registró el pasado año un total de 1.674 quejas relacionadas con la Sanidad, cifra que prácticamente triplica las 595 recibidas en 2011. Así lo muestra el ‘Informe Anual de la Institución’ presentado en el Congreso, en el que se observa que un crecimiento ciertamente significativo de las quejas presentadas por organizaciones –893 en 2012, por solo 18 en el ejercicio anterior–, en su mayoría relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con medidas específicas adoptadas por las comunidades autónomas. Por su parte, el número de quejas individuales ha crecido de manera mucho menos acusada –de 573 en 2011 a 779 en 2012.

Como explica Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, «el año 2012 ha supuesto un punto de inflexión en los motivos de las quejas, que hasta ahora habían sufrido una tendencia progresiva hacia aspectos cualitativos, es decir, exigencias de calidad y excelencia; sin embargo, y con el trasfondo de la actual crisis económica y financiera, en el último año han aumentado las quejas relacionadas con limitaciones en el acceso y por el nivel de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS)».

Las quejas formuladas están relacionadas con la reducción de prestaciones sanitarias, la exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, la financiación de medicamentos, la supresión de centros de urgencias en Atención Primaria, la insuficiente dotación de personal sanitario, las demoras en pagos a proveedores de centros sanitarios y a oficinas de farmacia, y los retrasos en el reconocimiento de reclamaciones de carácter económico.

Tarjeta sanitaria

El Real Decreto-ley impulsado por Sanidad en abril de 2012 para garantizar la sostenibilidad del SNS acumula una gran parte de las 1.674 quejas. Y es que, una vez analizada su posible inconstitucionalidad, el Real Decreto «plantea problemas de legalidad ordinaria», indica Soledad Becerril.

Entre estos problemas destaca el referente a la universalidad del SNS y a la condición de asegurado para obtener la tarjeta sanitaria, pues la reforma ha supuesto que los inmigrantes irregulares mayores de edad pierdan el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en el sistema público. Una situación que, según la Defensora del Pueblo, «deja en una situación de vulnerabilidad a aquellos inmigrantes que padezcan procesos graves y que requieren ineludiblemente un adecuado tratamiento».

De hecho, el Informe advierte de que «la atención sanitaria de este colectivo tendría consecuencias prácticas relevantes tanto en términos de salud pública, porque se conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad, como en términos organizativos, ya que evitaría la posible saturación de los servicios de urgencias».

Copago farmacéutico

Por su parte, el nuevo sistema de copago farmacéutico contemplado en el Real Decreto también ha sido motivo de un elevado número de quejas. No en vano, el copago no es proporcional al nivel de renta actual –se calcula sobre la declaración de la renta del año 2010– y, por tanto, no se ajusta a la realidad económica de muchos ciudadanos cuya situación ha sufrido «cambios sustanciales por diversas circunstancias sobrevenidas como el desempleo, una discapacidad, una enfermedad o la jubilación».

Asimismo, el copago también ha originado numerosas quejas relacionadas con la devolución del importe copagado una vez se han superado los topes máximos fijados para los pensionistas –entre 8 y 18 euros mensuales en función del nivel de renta–. Tal es así que la Oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a Sanidad la adopción de medidas para que los pensionistas con larga duración queden exentos del copago una vez satisfecho el límite máximo establecido, como ya sucede en algunas comunidades.

Diferencias entre CC AA

La inequidad entre las comunidades autónomas se presenta, una vez más, como uno de los principales motivos de queja por la ciudadanía, que siguen apreciando diferencias en las carteras de servicios y en la calidad de la atención sanitaria que se presta en las distintas regiones.

En este contexto, las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han constatado las notables diferencias existentes entre las CC AA en cuanto al derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica; con el diagnóstico genético preimplantatorio; o con la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, muy especialmente a personas con VIH.

Es más; los informes también muestran diferencias entre los catálogos de prestaciones ortoprotésicas; la atención bucodental; la cirugía de reasignación de sexo; la atención podológica a pacientes con diabetes; las terapias contra el tabaco; las ayudas económicas a personas con celiaquía; los recursos específicos en materia de salud mental; las enfermedades raras o poco frecuentes; el tratamiento de la fibromialgia y la fatiga crónica; o los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor.

Listas de espera y cierre de urgencias

Finalmente, el Informe también revela un elevado número de quejas relacionadas con las demoras en la atención sanitaria y las listas de espera, pues un elevado número de pacientes que deben esperar meses, o incluso años, para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado; con la supresión o cierre en horario nocturno de los Puntos de Atención Continuada (PAC) en municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura; y con la insuficiente dotación de personal en centros de salud o los problemas para la asistencia sanitaria en poblaciones limítrofes entre comunidades.

Y asimismo, pone un especial énfasis en el “grave déficit en la atención de las enfermedades mentales”.

La única nota positiva es la disminución del número de quejas relacionadas con el consumo de tabaco, la autonomía de la voluntad de los pacientes y la información y documentación médica.

– ¿Quieres consultar el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo correspondiente a 2012?