Cada año se producen en España en torno a 100.000 ictus, de los que 25.000 se asocian a la fibrilación auricular.

En España, aproximadamente 800.000 pacientes utilizan tratamiento anticoagulante para prevenir tromboembolismos venosos y arteriales. Al menos uno de cada tres de estos pacientes anticoagulados con la medicación clásica (los fármacos antivitamina K) no alcanza un buen control terapéutico y, por tanto, están expuestos a un riesgo aumentado de ictus u otros embolismos y de hemorragias graves, que es mayor cuanto más se aleja el paciente del control óptimo.

Afortunadamente estos pacientes «prioritarios» y los médicos que los atienden cuentan desde hace cinco años en nuestro país con nuevos medicamentos anticoagulantes orales que facilitan el control de su enfermedad y reducen el riesgo tromboembólico, pero el acceso a estos tratamientos sigue siendo muy desigual en nuestro país.

«Incoherente e innecesario»

Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN), miembro de Somos Pacientes, asegura que es “incoherente e innecesario que algunas comunidades propongan sus propias recomendaciones cuando los criterios de la Agencia Española del Medicamento han sido aprobados por el Consejo Interterritorial de Sanidad” y denuncia que “los diferentes procedimientos de acceso a los nuevos anticoagulantes orales publicados por ciertas comunidades, que excluyen la prescripción por parte de atención primaria, discriminan a médicos y pacientes”.

Para Arochena, tres palabras definen la situación actual, inmovilismo, indefensión y cortoplacismo, que provocan la «vulneración de los derechos de los pacientes«. «El Ministerio debería garantizar la equidad en la prescripción en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, teniendo en cuenta que “la sostenibilidad del Sistema no debe basarse en criterios cortoplacistas y debe tener en cuenta la repercusión personal, sanitaria, social y económica a medio y largo plazo del mal control de la enfermedad».

Cinco años después…

El doctor José María Lobos, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC), resume la situación: “Realmente, cinco años después de la aprobación y comercialización de estos medicamentos se puede afirmar que estamos ante un verdadero problema de transferencia de la innovación a la práctica clínica real, o lo que es igual, no está llegando al paciente prioritario un tratamiento bien evaluado para preservar su salud y calidad de vida”.

El doctor Lobos recuerda, por ejemplo, que los médicos de primaria “encuentran, hoy por hoy, serias dificultades a la hora de prescribir los nuevos anticoagulantes debido a diferentes disposiciones administrativas y, sobre todo, a las diferencias de criterio existentes entre comunidades autónomas, entre provincias de una misma comunidad e incluso entre áreas de salud”.

Poco o nada ha cambiado

Este especialista se lamenta de que “a este respecto poco o nada ha cambiado la situación, ni siquiera con la entrada en vigor del Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) UT/V4/23122013, emitido por la Agencia del Medicamento, que recoge claramente las indicaciones en las que se deben utilizar los nuevos anticoagulantes orales como alternativa a los clásicos (antivitamina k), de acuerdo a criterios científicos, de eficiencia y sostenibilidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud”.

Sin embargo, estas recomendaciones, teóricamente válidas para todo el SNS, no se están cumpliendo por diversas razones, entre ellas, el hecho de que en la práctica clínica existen deficiencias en la identificación de los pacientes que cumplen los mencionados criterios de “prioridad”, lo que supone una pérdida de oportunidad para proporcionarles el tratamiento con la mejor relación beneficio/riesgo, y la existencia, en algunas comunidades, de criterios adicionales (siempre más restrictivos) a las recomendaciones del IPT.

Objetivo: equidad en el acceso

En opinión del doctor Jaime Masjuan, experto en ictus y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, “es exigible que exista equidad en el acceso a los nuevos anticoagulantes en todo el SNS”. “Actualmente, la prescripción está restringida en algunos niveles asistenciales y disciplinas médicas y no hay homogeneidad en la definición de los criterios de uso de inicio de tratamiento en las diferentes comunidades. La disparidad de recomendaciones induce a confusión y provoca una inercia terapéutica que favorece que se continúen usando los tratamientos clásicos incluso en los pacientes que más podrían beneficiarse del cambio”.

En este sentido, enumera Masjuan, “en ocho comunidades, los médicos de primaria tienen limitada la prescripción de los nuevos fármacos; en las guías de cinco servicios autonómicos de salud no se contemplan las indicaciones para su tratamiento incluidas en el IPT, y en seis servicios, la definición de mal control de la anticoagulación de la guía local difiere de la del Ministerio, mientras que en las guías de otros cuatro servicios regionales de salud no se especifica la definición”.

Mapa de inequidades en anticoagulacion. Fuente: Red 'La salud del paciente por delante'.

Alcance del problema

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente y se calcula que afecta a un 1-2% de la población. Su prevalencia se incrementa con la edad, de modo que se estima que la padece un 8,5% de la población española mayor de 60 años. La FA confiere a los pacientes que la padecen un riesgo de ictus y embolia superior en cinco veces al de la población general. De hecho se estima que 1 de cada 5 ictus isquémicos están asociados a la presencia de FA.

Dado que la complicación más importante de la FA por su frecuencia e impacto en la mortalidad prematura y en la discapacidad es el ictus, en estos pacientes el tratamiento antitrombótico debe acompañar al resto de estrategias terapéuticas. De hecho, una adecuada anticoagulación reduce el riesgo de ictus en un 70%.

Los antagonistas de la vitamina K han sido durante décadas la única opción disponible para la terapia anticoagulante oral en la prevención de estas graves complicaciones. En los últimos años se han desarrollado nuevos medicamentos anticoagulantes -que a día de hoy son utilizados por más de un millón de pacientes en todo el mundo- que han demostrado un beneficio-riesgo favorable en diversas condiciones clínicas en las que está indicada la anticoagulación. Sin embargo, los expertos calculan que sólo alrededor del 9% de los pacientes españoles candidatos a estos nuevos medicamentos los utiliza en este momento, porcentaje que en países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, supera el 22%.

El ictus supone una de las primeras causas de mortalidad en el mundo occidental y la primera causa en incapacidad y coste económico. Su repercusión en el seno de las familias, en el campo profesional y laboral, y en el terreno de lo social es enorme, produciendo un gasto económico muy elevado para todos los servicios sanitarios, y mayor aún si se extiende a los servicios sociales. En nuestro país se producen anualmente en torno a 100.000 ictus, de los cuales hasta 25.000 se asocian a la FA.

– Más información: La Red La salud del paciente por delante ha realizado el informe ‘Situación de la Anticoagulación en España 2014: Acceso, calidad de vida y retos de Atención Sanitaria que reciben los pacientes anticoagulados‘, en el que evalúa los cambios producidos en esta área en el último año.

– A día de hoy, 29 asociaciones de pacientes dedicadas a las enfermedades cardio y cerebrovasculares son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?