Podría empezar a funcionar este 2024
El Gobierno reactiva la Agencia Estatal de Salud Pública para reducir la inequidad
El Consejo de Ministros vuelve a llevar al Parlamento el proyecto de ley que dará forma a la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo que va a servir para vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, centralizando los datos aportados por las Comunidades Autónomas en tiempo real. Y también para reconocer los problemas, amenazas o riesgos que puedan surgir en materia de salud pública, con especial atención a la inequidad.
Desde organizaciones de pacientes como la POP se ha valorado positivamente la reactivación de esta iniciativa, que había arrancado a mediados de 2022 y se había quedado paralizada con las elecciones del pasado mes de julio. Sobre todo, porque su puesta en funcionamiento servirá para potenciar la colaboración entre entidades de pacientes y organizaciones sanitarias con el fin de planificar y definir diferentes políticas de salud pública.
En un comunicado, la plataforma recomienda incorporar a los ciudadanos con problemas de salud crónicos en los registros epidémicos. Y también que se pongan en marcha acciones concretas para mejorar la equidad en la atención a estos pacientes y que se les pueda proteger en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social.
Cinco misiones
Desde Moncloa indican que la AESAP deberá cumplir «cinco misiones fundamentales». La primera es la modernización y cohesión del sistema de vigilancia para responder a futuras pandemias con agilidad. La segunda pasa por incorporar el concepto One Health para reconocer la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental.
La tercera busca anticiparse y adaptarse con flexibilidad a posibles amenazas impulsadas por el cambio climático. La cuarta, mejorar la coordinación y colaboración científica, académica e industrial que sirvan para acompañar a las estrategias de respuesta a las posibles crisis. Y, en quinto lugar, evaluar los determinantes sociales de la salud.
El proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, y si no hay contratiempos en el trámite, podría empezar a funcionar en este 2024.